domingo. 03.07.2022

La Audiencia Nacional juzgará en noviembre la pieza leonesa de la Púnica

Fija nueve sesiones de vista oral intercaladas entre los días 9 y 30 en Madrid 
Punica
Miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil revisan la documentación. GUARDIA CIVIL

La Audiencia Nacional juzgará la pieza leonesa de la Operación Púnica el próximo mes de noviembre, en nueve sesiones que se fijan para los días 9, 10, 14, 15, 16, 17, 28 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, de acuerdo a una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal que obra en poder de este periódico. Las sesiones se iniciarán a las 10.00 de la mañana todos los días.

La Sala designa como miembros del tribunal de enjuiciamiento a Jesús Eduardo Gutiérrez como ponente, Francisco Javier Vieira y María Fernanda García. El calendario de la práctica de la prueba no está fijado por el momento.

El juicio se dirige contra Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León, Jesús López, interventor, el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, el conseguidor Alejandro de Pedro y el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, por su presunta participación en la trama de la pieza leonesa de la Operación Púnica.

El Ministerio Fiscal solicita penas que suman ocho años de prisión para Martínez Barazón, y siete años para Manuel Jesús López y Pedro Vicente Sánchez. Alejandro de Pedro se quedaría con una pena de cinco años y medio en la propuesta del Ministerio Público en caso de ser condenado por los delitos malversación y fraude, por los que comparecerá a juicio, además de la prohibición de recibir subvenciones del sector público durante los tres años siguientes, mientras que Alonso Conesa hace frente a una propuesta de cinco años y medio y también queda excluido de las subvenciones por el mismo periodo. Las defensas exigen la absolución por falta de pruebas. Adade encarna la acusación particular.

La investigación apunta a que las empresas de De Pedro y Alonso Conesa recibieron entre abril de 2012 y septiembre de 2014 un total de 97.740 euros por realizar trabajos privados de reputación en Internet para los dos últimos presidentes de la Diputación de León y que dicha cantidad se pagó con dinero público. 86.850 correspondieron a trabajos para la fallecida Isabel Carrasco, mientras que con los 10.890 restantes se intentó mejorar la imagen de su sucesor, Martínez Barazón.

De Pedro, según el auto de procesamiento dictado por el juez Eloy Velasco,  se prestaba a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular, como Carlos Javier Floriano o María Dolores de Cospedal, informaciones favorables sobre los apoyos que gozaba en la provincia con el fin de conseguir que Martin Marcos Martínez continuara como presidente del Partido Popular en León.

A cambio, los empresarios que le prestaban esos servicios recibían adjudicación directa de este tipo de trabajos. Esta forma de proceder se prestaba solamente para los fines personales de Martin Marcos Barazón, "alejados del bien común", con el correlativo perjuicio para las arcas públicas, con trabajos que se encargaban que no tenían relación con los fines para los que estaban previstos los medios de la Diputación.

El magistrado describió la forma de proceder de los cargos públicos investigados, en especial el expresidente Martin Marcos Martínez así como del interventor, Manuel Jesús López Sánchez, quienes según el juez, de las interceptaciones telefónicas se desprende que ambos tenían intereses personales para beneficiar a las empresas de Alejandro de Pedro en los concursos vinculados a la mencionada estación de esquí.

En cuanto a la figura de Pedro Vicente Sánchez, el juez asegura que el alcalde de Puebla de Lillo, persona de la más íntima confianza de Marcos Martínez Barazón, asistió a las reuniones en las que se concertaron los términos de la configuración y adjudicación de los contratos públicos, dirigiendo incluso la visita que a las pistas de esquí. Además le señala como el encargado de saltarse los controles para evitar la fiscalización de esos gastos de publicidad.

La Audiencia Nacional juzgará en noviembre la pieza leonesa de la Púnica
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