El Ayuntamiento se integra en el Sistema de Información del Mercado Interior de la UE
El Ayuntamiento de León se ha integrado en el denominado Sistema de Información del Mercado Interior por el que cualquier ciudadano de la Unión Europea puede montar un negocio, por ejemplo, en León acreditando solo los permisos y requisitos de su país, sin necesidad de nuevos permisos o autorizaciones, informó ayer el equipo de gobierno en una nota de prensa.
Tampoco hará falta presentar la documentación requerida ni traducirla por intérprete jurado, cumpliéndose así la regla europea de «un registro, un documento».
El Sistema de Información del Mercado Interior es un instrumento electrónico de ayuda a la cooperación administrativa entre las administraciones públicas de cada país de la Unión Europea, de cara al reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y en los procedimientos relativos a la Directiva de Servicios.
SENCILLO
Su funcionamiento es sencillo: Una aplicación con cuestiones predefinidas que recibe la autoridad (funcionario o directivo público) del país de residencia mediante una solicitud electrónica del país donde el ciudadano quiere establecerse o prestar el servicio y que debe responder en el plazo de cinco días.
Este nuevo servicio intercomunitario coloca a León dentro del Sistema de Información del Mercado Interior de la Unión Europea. Este sistema genera avisos y alertas sobre productos y operadores y prestadores de servicios que prevé la «honorabilidad», por ejemplo, de los contratistas extranjeros comunitarios.
CONTROL
Es, asimismo, un instrumento de control, inspección e investigación y, sobre todo, de simplificación administrativa; tramita las reclamaciones y quejas de usuarios a nivel europeo; y ofrece información sobre la circulación de personas comunitarias y sus permisos. La Unión Europea recomienda que se extremen las cautelas tanto en el acceso a la información por parte de terceros como, en su caso, en la difusión y publicación de la misma, la cual debería realizarse de forma agregada. Recuerda, también, la obligación de que se comunique a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia cualquier indicio de una posible práctica contraria a la Ley de Defensa de la Competencia, que pudiera detectarse en el ámbito de aplicación del anteproyecto de ley.