«Cada miembro del jurado será consciente de la decisión a tomar»

La participación del juez decano de León, Luis Alberto Gómez, en el Filandón que cada semana organizan La 8 León de TVCyL y Diario de León comenzó abordando «la misteriosa desaparición y aparición» del abogado de Raquel Gago, Fermín Guerrero. Aunque reconoció no tener competencias en el asunto, apreció como jurista que lo sucedido ayer era «anómalo e imprevisible» y que fue preciso suspender el juicio ante la «indefensión de Gago». A mayores, si el letrado no justifica su ausencia «puede tener responsabilidades penales disciplinarias por obstrucción a la justicia, porque tuvo que suspenderse el juicio y también por deslealtad procesal». Independientemente de la resolución final de los sucedido al abogado, el juez decano destacó que se abrirá un incidente para averiguar el motivo que llevó a su desaparición y, en función del resultado, se tomarán las medidas y las decisiones pertinentes.

El caso del asesinato de Isabel Carrasco está teniendo presencia en gran parte de las televisiones y los medios de comunicación nacionales y Gómez valoró positivamente «el esfuerzo ejemplar realizado desde la Audiencia provincial para su organización». En este sentido destacó aspectos tan puntuales como la organización de los periodistas y los recursos con los que cuentan, así como todas las reuniones previas y la organización de los medios necesarios para la organización de este juicio.

Con pros y contras

Luis Alberto Gómez descargó de peso a los miembros del jurado, ya que ellos no tendrán que ser los que juzguen directamente a las acusadas o si hay agravantes o no. «El jurado tan sólo decide sobre los hechos», apreció tras matizar que lo hará en base a un cuestionario de preguntas que ya ha sido elaborado y aprobado por el presidente del tribunal. A pesar de la polémica que se genera ante el hecho de que existan jurados populares, el juez decano de León recordó que hay tanto pros como contras y que es uno de los recursos judiciales planteados en la Constitución.

«Cada ciudadano miembro del jurado acaba siendo consciente de la decisión que tiene que tomar. Deben analizar, evaluar, tomar una decisión y al final se dan cuenta de la dificultad», apuntó Gómez después de precisar que el jurado del caso de Isabel Carrasco finalmente no ha sido aislado, con lo que a muchos les puede resultar «difícil abstraerse» de la repercusión mediática. Pero aún así concretó: «La obligación de cada uno de ellos es aislarse, después está que cumplan o no esta medida» para mantener la imparcialidad. Pese a todo, valoró positivamente que son los ciudadanos que tienen un contacto directo con la justicia aquellos que mejor valoran su funcionamiento.

El juez decano de León también abordó otras cuestiones relacionadas con la actualidad de la Justicia, como la nueva ley de enjuiciamiento criminal. «En principio no está mal que exista una limitación a la instrucción, pero a pesar de que el plazo de seis meses es prorrogable, el problema está en que el sistema carece de medios y que la instrucción no dependen únicamente del juez. También hay técnicos o peritos, con lo que los jueces no tienen en su mano determinar que esos instrumentos probatorios se vayan a resolver en ese tiempo, ya que a veces también dependen de organismo públicos que a su vez carecen de medios o cuentan con una alta carga de trabajo», explicó pormenorizadamente Gómez, para criticar también el hecho de que «únicamente esté en manos del Fiscal la solicitud de una prórroga, porque no puede depender sólo de una de las partes».

Nivel de actividad

Mientras que la crisis económica ha rebajado la actividad en materia urbanística de los juzgados de lo Contencioso, el juez decano de León recordó que ha aumentado, por contra, el volumen de trabajo de los juzgados de lo Social y Mercantil, que en los últimos tiempos han precisado de un refuerzo para poder sacar adelante su actividad. En León hay actualmente 25 jueces titulares más dos de refuerzo. «Nos vamos apañando, pero existe un problema en el juzgado de Familia, que está tramitando más del 200% de los casos previstos», especificó para recordar que ya han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial la necesidad de que León cuente con otro módulo. «De momento lo arreglamos con apoyo, pero ahora hay que cambiar de estrategia porque la jueza de refuerzo ya va a tener destino», concretó para añadir que las peticiones presentadas «son lógicas, acreditadas y concretas, con motivos y razones, aunque sabemos que la creación de un juzgado es más complejo ante la falta de presupuesto».

«Existe una falta de claridad en la política de organización y la estructura judicial. Cada Gobierno que llega elabora un proyecto diferente que después nunca se lleva a efecto del todo. Las transferencias a las comunidades autónomas también repercuten en la diferencia de medios entre unas y otras y como poder que es, como el Legislativo, el poder Judicial debería tener autonomía presupuestaria dependiente del Consejo General del Poder Judicial». Así resumió Luis Alberto Gómez el estado actual de la Justicia a nivel nacional para cerrar su intervención apuntando que «las decisiones, cuanto más uniformes estén, mejor» y recordar que la Justicia es un servicio público de primer orden —como la Sanidad o la Educación— «con la que no se puede jugar porque alteraría el principio de igualdad».