Denuncian ante Europa y el Supremo «la prórroga ilegal» de la AP-66 hasta 2050

Podemos Asturies denunció ante la Comisión Europea (CE) la «ilegalidad» de la ampliación del peaje del Huerna (AP-66), entre Asturias y León, «por haber sido aprobada sin licitación pública y vulnerar de forma abierta y manifiesta» una directiva y el Libro Verde de la Unión Europa (UE) para las contrataciones públicas. Esta denuncia surge después de que Europa haya iniciado un expediente de sanción a España por realizar una adjudicación similar con la gallega AP-9, sin licitación pública. La normativa europea contempla que la prórroga de una concesión requiere iniciar un nuevo proceso, es decir, contratación a través de un concurso de concurrencia pública.

En un acto simbólico celebrado ante la sede de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, explicó que la formación morada ha tomado esta iniciativa «ante la dejación de funciones del Gobierno regional que, aunque desde hace dos años tiene un requerimiento de la Junta General del Principado en el que le conminaba a que denunciase esta situación, no ha acometido ninguna acción en este sentido».

Ripa anunció una segunda vía judicial contra la permanencia del peaje de la AP-66 ante el Tribunal Supremo, en la que recurrirá el Real Decreto del año 2000 por el que se prorrogó la concesión 2050 cuando tendría que finalizar el próximo 17 de octubre, «lo que obliga a los asturianos a seguir pagando durante 29 años más». No en palabras de Ripa, pero el resto de usuarios, caso de los leoneses particulares y profesionales, también se ven afectados por esta prórroga.

El secretario general de Podemos, que recordó la investigación abierta por la Unión Europea en relación a la ampliación del peaje de la AP-9, en Galicia, por haber sido aprobada sin licitación pública, apuntó que en otras autonomías se están quitando peajes mientras que los transportistas y habitantes del Principado tiene que hacer frente «al peaje con la concesión más larga y más caro de España». «Hay varios aspectos de la normativa europea y estatal que ni fueron cumplidos cuando se hizo la ampliación del peaje», subrayó Ripa, que recalcó que el próximo día 17 de octubre tendría que ser liberado para evitar el daño patrimonial que se hace a los usuarios de esta autovía «al ser adjudicada a dedo una concesión que provocará unos beneficios de casi 3.000 millones durante los próximos 29 años a costa de los asturianos». Y del resto de usuarios.