miércoles 20.11.2019

Fiscalía abre diligencias por la queja de los vecinos sobre la Ley del Ruido en la ciudad

El fiscal reclama al Ayuntamiento informes sobre las actuaciones realizadas y el expediente de dos establecimientos.

álvaro caballero | león

La puesta en conocimiento de la situación planteada por la Plataforma para la Salud Acústica de la Ciudad de León ya tiene expediente abierto. La Fiscalía Provincial ha notificado a los afectados que abre diligencias de investigación sobre el cumplimiento de la Ley del Ruido en la capital leonesa. Para dar contenido a la actuación, el representante del Ministerio Público ha remitido al mismo tiempo al Ayuntamiento un oficio en el que le solicita información sobre las actuaciones realizadas en los últimos años por parte de la administración municipal, como sanciones, cierres y mediciones en calles, viviendas y locales.

Pero no se queda ahí, el fiscal requiere que el consistorio le traslade toda la tramitación administrativa de dos de las últimas licencias concedidas dentro del ámbito de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) y Zona de Respeto (ZR), que abarca casi todo el Húmedo y el Barrio Romántico: la del Patio, en la plaza de Torres de Omaña, y del Órale güey, en la calle Cervantes. Sólo se pide por el momento esta dos,

a pesar de que en el documento vecinal trasladado en mayo se hacía mención a cuatro negocios —los dos estudiados y dos más— y se dejaba abierta la coletilla de «entre otros» para que se extendiera la revisión a las que se aprobaron desde que se publicó la declaración, en 2007.

La fase de recogida de información determinará si hay base legal para que se formalicen después diligencias penales o administrativas o si, por contra, la Fiscalía decide archivar el caso. La apertura de diligencias da un paso más en el cauce abierto por los representantes de la Plataforma para la Salud Acústica de la Ciudad de León, que en su puesta en conocimiento de la Fiscalía Provincial —que no denuncia— alertaban de que a su entender no se hace cumplir la reglamentación en materia de ruidos y exigían que se investigara «si existe dejación de funciones y, en su caso, por parte de quién se ha dado: técnicos, mandos policiales o responsables políticos».

tipos penales

Estas conductas, según se recogía en el escrito remitido por parte de la plataforma al fiscal jefe provincial, Emilio Fernández, «deberían ser investigadas, ya que podrían ser generadoras de tipos penales como la prevaricación, el enriquecimiento injusto y otros que surjan de la investigación».

Los responsables de la plataforma, que agrupa a las asociaciones antes constituidas en el casco histórico, Burgo Nuevo y el Barrio Romántico, insisten en que debe realizarse «un control exhaustivo» de las ordenanzas municipales sobre el ruido, con especial incidencia en el caso de la Zona Acústicamente Saturada en la que las restricciones son mayores.

Pese a que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León defienden que «se vigila y controla el cumplimiento estricto» de las ordenanzas reguladoras, los vecinos agrupados en la organización reivindicativa insisten en que no se atiende el cumplimiento de las limitaciones impuestas en la normativa, como el nivel sonoro, los horarios de cierre o la permanencia en los espacios reservados para terrazas, además de que se permite el consumo en la calle más allá de la delimitación que fijan estos últimas zonas por las que se pagan tasas.

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