Los interinos irán tres días a la huelga por el «abuso» de la temporalidad

A los trabajadores interinos de la administración pública no les convencen los cantos de sirena que llegan desde el Gobierno después de varios años de pelea para que se reduzca la temporalidad entre los empleados de este sector. Consideran una «bomba de humo» la propuesta que filtró el Ejecutivo central y se preguntan en qué condiciones van a reducir esa tasa, que está muy por encima de la que recomienda Bruselas y que en León afecta a uno de cada cuatro.

No saben aún cómo se va a articular la nueva ley que, en principio, dará más facilidades a los interinos con más de cinco años de experiencia para que consigan la plaza a través de un concurso de méritos, sin que sea preceptivo pasar por la oposición. Para la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales, esta medida, que supone un ligero avance, no cumple las directrices que marcan desde Bruselas. «El tribunal europeo ya se pronunció al respecto y estableció que el abuso se daba a partir de los tres años. Tienen que cumplir esa directiva», apuntó ayer el portavoz de la plataforma, Isaac Castiñeira, justo después de salir de la asamblea que convocaron en León para informar a los afectados de estas últimas novedades y tratar las posibles movilizaciones que desplegarán en las próximas semanas ante la pasividad del Gobierno.

Ya han convocado tres nuevas jornadas de huelga, los días 23 y 30 de noviembre, y el 2 de diciembre. Y habrá más actos reivindicativos si se mantiene «ese abuso de la temporalidad». No van a bajar los brazos. «Empezamos en 2018 y nos decían que lo que proponíamos no era constitucional», recuerda Castiñeira, quien insistió en que hay una sentencia del tribunal europeo que exhorta a los estados miembros a desarrollar el articulado necesario para reducir la interinidad. Solo en León hay 9.000 damnificados, según las estimaciones de la plataforma.

La comunidad, «constreñida»

Por otro lado, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, explicó ayer que la comunidad está «constreñida» por el Tribunal Constitucional sobre la estabilidad del personal interino tras el acuerdo nacional para que quienes lleven más de un lustro sean fijos sin opositar.

Tras reunirse con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, el dirigente autonómico se refirió a este asunto para aclarar que trabajan ahora con los representantes sindicales para avanzar en su proceso de estabilidad con el fin de que las cuotas de interinidad «se vayan reduciendo».

No obstante, recordó que Castilla y León aprobó en 1994 la Ley Transitoria Cuarta que «dio estabilidad» al personal interino sanitario y que fue recurrida por el Constitucional, quien advirtió de que se trataba de una medida «excepcional», lo que «constriñe» a la comunidad ante futuras decisiones —insistió—.

En este sentido, Mañueco subrayó que seguirán «pendientes» a lo que se determine en el Congreso sobre este asunto y, por otro lado, se mantendrá la negociación con los representantes de los trabajadores para acercar posturas y reducir uno de los problemas estructurales que afectan al empleo público.

Si bien, las comunidades autónomas gobernadas por el PP arremetieron contra el acuerdo que ha alcanzado el Gobierno con ERC y PNV para reducir la temporalidad mediante un concurso de méritos. Por su parte, los mandatarios del PSOE coincidieron en valorar positivamente este pacto en materia de Función Pública, aunque algunos prefieren esperar a ver la «letra pequeña».

Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León y Andalucía han salido en tromba para clamar contra este acuerdo. Una de las primeras fue la Comunidad de Madrid, que, a través de su consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, tachó este pacto de «extraordinariamente preocupante» y «concesión demagógica».

En el caso de Andalucía, la Junta pidió al Ejecutivo central que tenga «cuidado» a la hora de regularlo para garantizar la legalidad de la medida y evitar que derive en «sentencias e indemnizaciones» que tengan que pagar los ciudadanos, algo en lo que coincidió la Xunta de Galicia, que advirtió de que se abren «mayores espacios de inseguridad jurídica»

En parecidos términos se expresó Mañueco. En Murcia, ven este pacto como un «anuncio trilero de la factoría de Sánchez» y creen que el pacto «vuelve a jugar con la incertidumbre de los interinos: «Han creado la sensación de que van a ser fijos, cuando la realidad es que no van a tener que hacer un examen, pero las plazas van a salir a concurso y no hay garantías de que se las vayan a quedar esos interinos con cinco años de antigüedad en un puesto».