LEÓN ■ TRIBUNALES
El juez reabre el caso de los anestesistas con más declaraciones y nuevas pruebas
Da diez días a Sacyl y Otazu para que entreguen documentos y cita a otros tres investigados.
carmen tapia | león
El Juzgado de Instrucción número 1 de León reabre el caso de los anestesistas de Otazu, por orden de la Audiencia Provincial, con la petición de nuevas pruebas y más declaraciones para esclarecer la denuncia de un presunto delito de suplantación de identidad y falsificación de documento público presentada por el anestesista José Antonio Caunedo. La Audiencia pidió además que se investigue un posible fraude a las arcas públicas.
El juez pide el 90% de las pruebas solicitadas por el denunciante que no se llevaron a cabo en la primera instrucción de la causa.
El magistrado cita como testigo al administrador judicial de Otazu y como investigados a tres anestesistas del Hospital de León, supuestos infractores. El juez da diez días de plazo a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para que informe al juzgado de las cantidades satisfechas a la clínica López Otazu en relación a las actuaciones de los anestesistas durante el concierto quirúrgico en el periodo comprendido entre el año 2009 y 2012 —objetos de la denuncia— y las historias clínicas correspondientes, y en particular, los libros de registro de quirófano, consentimientos informados e informes de anestesia de los facultativos intervinientes. Caunedo denuncia que anestesistas de la sanidad pública utilizaron su nombre para operar a pacientes de la lista de espera del Hospital de León, intervenciones que no podían hacer por ser incompatibles con su trabajo en la sanidad pública.
El juez da diez días también para que Sacyl informe si las dos auxiliares de enfermería que escribieron los nombres de los anestesistas que participaron en las intervenciones en Otazu podían participar en intervenciones que se desarrollaran en la clínica a pacientes derivados del sistema público.
El juez da diez días a la clínica, a través de su representante actual, para que aporte los originales de las historias clínicas y los cheques bancarios pagados a los tres anestesistas investigados, y libra oficio a la Policía Judicial para que realice gestiones para la localización de todo este material.
El juez da también diez días para que el Hospital Campo Grande de Valladolid certifique las actuaciones de uno de los anestesistas en ese hospital. El objeto es comprobar si su nombre aparece el mismo día y a la misma hora en los quirófanos de los dos centros sanitarios, lo que indicaría el presunto fraude.