martes. 05.07.2022
Empresas

Junta, Diputación y Universidad dejan caer al Inbiotec por 200.000€ de deuda

La plantilla critica la «nula» implicación de las instituciones y los «intereses ocultos» del concurso»
Los investigadores Antonio Gutiérrez y Alberto Sola, junto a José Antonio Alegre, en la rueda de prensa de ayer. FERNANDO OTERO

Los trabajadores del Inbiotec están convencidos de que la liquidación del Instituto de Biotecnología se podía haber evitado con el compromiso de las administraciones públicas. No entienden el silencio, cómplice, de la Universidad de León y de la Junta, que, según apuntaron, han dado la espalda a la viabilidad de este organismo, sin ánimo de lucro, que camina hacia la desaparición por los problemas de liquidez que arrastra desde hace tiempo y por la falta de soluciones reales que garanticen su supervivencia.

El administrador consursal ha iniciado el proceso de disolución y abierto el periodo de consultas para extinguir los contratos de los ocho investigadores que hay en el centro actualmente. No hace mucho eran doce. «Nuestras instituciones han quedado retratadas. La fotografía, que se está revelando ahora, demuestra la nula implicación que han tenido para financiar la investigación pública como eje de desarrollo de León». Así de contundente se mostró ayer el secretario general de Enseñanza en CC OO, José Antonio Alegre, durante la rueda de prensa que ofreció, junto a los representantes de la plantilla, para denunciar los «intereses ocultos» que hay detrás de un concurso de acreedores que se presentó de forma voluntaria el pasado 30 de abril.

Desaparecidas

«Ni una sola comunicación pública que dé respuesta a la inquietud social que ha generado este problema»

Alegre recordó que tanto la Diputación como la Universidad son «socios» del Inbiotec, forman parte de su junta directiva y, por tanto, están «implicadas en la solución». Por eso no entiende cómo la Institución provincial primero solicita el concurso y después promete 100.000 euros de ayuda cuando la ley no permite dar subvenciones a un ente o empresa en quiebra. «Ahora podemos ponerlo en cuestión», reprochó el líder sindical, que como los investigadores Alberto Sola y Antonio Rodríguez, que también comparecieron ayer, dudan de ese compromiso y, sobre todo, rechazan que la única medida real que se ha puesto encima de la mesa sea el cese de actividad y el despido, a través de un ERE, de toda la plantilla.

«La Universidad, a estas alturas, no ha hecho nada. No ha habido ni una sola comunicación pública que dé respuesta a la inquietud social que ha generado el problema de Inbiotec. La Junta también ha estado desaparecida. Nada hemos sabido», criticó el responsable del área en Comisiones Obreras, que, como los trabajadores, exige explicaciones a los responsables públicos.

«El administrador concursal ha dicho que Inbiotec no es viable incluso con el dinero de la Diputación. Las instalaciones entendemos que son un activo que interesa a empresas biotecnológicas. Sabemos que ha habido contactos en este sentido. Reclamamos saber con quién», reivindicó el investigador del centro Antonio Rodríguez, muy decepcionado con el desenlace de todo el proceso. «Tampoco sabemos cómo están las negociaciones con CSIC», añadió, al mismo tiempo que reprochó que la «única solución pase por los despidos».

Mientras, su compañero Alberto Sola, que estuvo presente en la reunión del lunes para negociar la salida de los trabajadores, censuró igualmente esa falta de voluntad para salvar la unidad de producción del Inbiotec y todos los puestos de trabajo. Cree que cabían medidas alternativas, como un Erte, si la Junta hubiera asumido los costes de la Seguridad Social, algo que sí hizo en la empresa berciana LM. «Parece que hay interés en adquirir la unidad productiva, que incluye a los investigadores, pero lo primero que plantean es un ERE», lamentó. Reveló además que la indemnización que les proponen es la mínima que marca la ley y que, al menos en el primer encuentro, no han abierto ningún tipo de negociación. «Estamos pidiendo cantidades mayores, pero se nos dice que no se puede por el concurso cuando el auto judicial dice que es posible pactar una indemnización superior», subrayó.

El próximo martes 31 tendrá lugar la segunda reunión y, previsiblemente, la última. La deuda reconocida a finales del pasado ejercicio ascendía a 200.000 euros. A los trabajadores se les deben al menos las nóminas de junio y julio.

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