Diario de León

Tribunales

La necesidad de generar dinero llena de casos el juzgado de cláusulas suelo

En los dos primeros trimestres de 2021 se han presentado tantas demandas como en todo 2020

León

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Los leoneses elevaron 1.290 reclamaciones por asuntos relacionados con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo), según los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al segundo trimestre. Es una cifra muy similar a las del primer trimestre (1.289) siempre según los datos del CGPJ.

«Básicamente se puede achacar a la necesidad de los ciudadanos de generar recursos económicos en la postpandemia», justificó Pablo Roberto Herrero, presidente de RBH Global, una de las firmas especializadas en la gestión de este tipo de asuntos.

El Juzgado de Primera Instancia 7 bis se encarga de tramitar este tipo de asuntos en la actualidad, con apoyo ocasional del juez de Vigilancia Penitenciaria, dada la magnitud del volumen de trabajo. En todo el año 2018 se recibieron 3.877 asuntos, en el cómputo del año 2019 fueron 2.883, en 2020 se sumaron 2.692 y solo en el primer semestre de 2021 ya van 2.579 asuntos registrados, a falta de contabilizar el tramo de julio a diciembre.

El importantísimo efecto que tuvo la pandemia en la actividad de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2020 hace que la comparación de los datos del segundo trimestre de 2021 con los del mismo periodo del año anterior sean escasamente significativos. Por ese motivo, el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales , que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hizo público ayer, complementa los datos de este año con las evoluciones respecto al segundo trimestre de 2019.

La situación laboral también se deja sentir en el informe. León fue escenario de 198 demandas por cuestiones relacionadas con despidos. Hubo 24 casos de concursos de acreedores y nueve situaciones de ocupación ilegal de vivienda terminaron en los juzgados de la capital, según el Consejo General.

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