Ola de demandas de los hosteleros contra la Junta y el Gobierno para que les indemnicen

Los hosteleros leoneses acudirán en tromba a los tribunales para que la Junta y el Gobierno les indemnice por las pérdidas que acumulan desde el mes de marzo debido a las restricciones que afectan a sus negocios. Presentarán a título individual cientos de demandas contra las dos administraciones porque «no hay ninguna evidencia científica» de que este sector, el más perjudicado en términos económicos, «sea el culpable de los contagios», tal y como ha resuelto el TSJ del País Vasco.

Lo confirmó ayer la gerente de la Asociación Provincial de Hostelería, Paula Álvarez, quien aclaró que ya se han puesto en contacto con un despacho de abogados de León para coordinar todas las actuaciones y pactar las tarifas. Reclamarán «una compensación por lucro cesante» después de que «nos hayan expropiado nuestro trabajo sin ninguna justificación», criticó.

En el caso de que no prosperen, prepararán una colectiva. La Asociación hará de enlace con el bufete y podrán adherirse los 6.000 empresarios del sector que hay en la provincia. «Primero tenemos que ir a título particular, porque el impacto no ha sido el mismo en el ocio nocturno, los hoteles, los bares o los restaurantes», matizó Paula Álvarez, quien asegura que agotarán todas las vías para que les compensen los daños ocasionados por las limitaciones de aforo, cierres y toques de queda. Presentarán informes periciales para apuntalar la denuncia. Consideran que el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco crea un precedente porque se «han dado cuenta de que no somos los culpables», reiteró Paula Álvarez, quien animó a todos los afectados a acudir a los tribunales. «Tenemos que unir fuerzas», añadió.

Recuerdan además que en estos once meses de pandemia no han recibido ninguna ayuda pública, más allá del cese de actividad, los créditos ICO y el aplazamiento, que no exención, de algunas obligaciones de tipo fiscal, que, encima, solo benefician a unos pocos.

Mientras tanto, la facturación de la hostelería en León ha caído a la mitad desde el mes de marzo. Y el 20% de las licencias que estaban dadas de alta en la capital antes del covid, unas 300, han desaparecido. La situación es insostenible. De ahí que hayan decidido presentar una ola de reclamaciones. También se movilizarán cada martes frente a las instituciones. Lo hicieron esta semana ante el Ayuntamiento y la próxima protestarán en la delegación territorial de la Junta. Después irán a la Subdelegación del Gobierno. No salvan a ninguna administración, aunque asumen que el primer confinamiento, al principio del estado de alarma, sí pudo estar justificado por razones sanitarias porque —declara— no se tenía mucha información al respecto. «Ahora ya no existe ninguna razón. Nos han criminalizado», reprochó la gerente de la asociación provincial, que ya en el mes de agosto recurrió ante el TSJCyL las restricciones impuestas y solicitó medidas cautelarísimas, que no les concedieron.

Tras la resolución del País Vasco, donde se ha tumbado la decisión del Gobierno autonómico y se han reabierto los bares a pesar de que estén en zona roja, los hosteleros leoneses sondearán también esa posibilidad, aunque son conscientes de que ese fallo no crea jurisprudencia.

No obstante, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez salieron ayer al paso de todas las críticas que han recibido a lo largo de los últimos días. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insistió al respecto en que el Gobierno ya proporciona ayudas directas al sector de la hostelería al exonerar de cotizaciones sociales a las empresas por los trabajadores, tanto activos como inactivos, que incorporan a un expediente de regulación de empleo (Erte) con motivo de las restricciones administrativas de las comunidades autónomas.