La oposición culpa a Diez de permitir el «escándalo» de la iluminación

La salida a la luz pública de los informes del jefe de sección de Gestión Energética, desvelados por el este periódico, colocaron al alcalde de León , José Antonio Diez, bajo el foco de la oposición. Con los documentos que revelan que los niveles de luminosidad de la ciudad son «un 38% inferiores a los auditados y mínimos precisos» y la constatación de que el gobierno municipal, pese a las propuestas del técnico, no ha descontado a la empresa el dinero por «un servicio que se encuentra por debajo de los mínimos establecidos en la legislación española aplicable», el PP y la UPL exigieron al regidor del Ayuntamiento que asuma «las posibles consecuencias jurídicas que se deriven de este escándalo».

El PP anunció que ha pedido «por el conducto reglamentario un informe que certifique cuál es el estado de cumplimiento del contrato de la iluminación de la ciudad», que gira una factura de 2.027.637,65 euros anuales durante 10 años a favor de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por OHL, Ingesán y Fermasa. Los populares incidieron en que «el alcalde Diez deberá explicar a los leoneses por qué ha ignorado estos informes»,  fechados entre marzo de 2021 y enero de 2022, en los que se aportan mediciones del técnico responsable en las que se demuestra que, en ocho de las nueve calles controladas, el nivel de luminancia media está un 50% por debajo del valor mínimo reglamentario».

El grupo municipal recordó que «Diez comenzó su mandato en julio de 2019» con el anuncio de «fuertes mejoras para la ciudad de León con el cambio de 20.000 puntos de luz para ahorrar el 75% en la factura del consumo energético». El alcalde, que hizo las declaraciones junto al concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, «tan sólo tenía que hacer cumplir el contrato, nada más», aunque «no sólo no ha realizado un seguimiento del mismo, sino que, presuntamente, ha ignorado los informes del jefe de servicios eléctricos», que proponía bajar al menos de 171.521 euros a 168.947,3 euros la factura mensual al considerar «improcedente» el pago que se arrastra desde hace más de dos años y medio.

Los populares recordaron que «en noviembre de 2019» ya denunciaron que «el abandono de los bienes del alumbrado público daba una idea de la dejadez con el dinero público, así como la falta de control y seguimiento por parte del gobierno municipal». «No esperábamos que la dejadez llegara a este nivel, con una  gestión tan descuidada desde el minuto uno», subrayaron. La crítica la cebó la UPL. Los leonesistas reclamaron «sanciones a la empresa encargada de la luz viaria y que se depuren responsabilidades por la inacción del equipo de gobierno del Partido Socialista». El grupo municipal recordó que en mayo de 2017 ya se abstuvieron al acuerdo de externalización del servicio y que, desde el cambio de luminarias, se han «hecho eco de las quejas vecinales  por la escasa iluminación en determinadas calles, plazas o parques». «Hasta la fecha no hemos tenido una respuesta clara y concreta por parte del equipo de gobierno del Partido Socialista», subrayaron, tras recordar que el alcalde y su concejal de Desarrollo Urbano argumentaban que «había que esperar a que estuviera toda la ciudad con iluminación LED para comprobar el estado y cumplimiento de la empresa concesionaria». 

Ahora, «los informes» del jefe de servicio, que no se habían hecho públicos, «no hacen más que constatar lo denunciado desde hace meses: la desfachatez de la empresa, que incumple flagrantemente los mínimos establecidos legalmente para que la ciudad de León no sea una penumbra, con el riesgo para los viandantes no sólo en su circulación sino también en su seguridad».

La UPL exigió que «se adopten las medidas oportunas inmediatamente para que la empresa cumpla con el contrato en vigor, e incluso se inicien los oportunos expedientes sancionadores por el incumplimiento detectado por los técnicos». Los leonesistas abundaron en que se «depure asimismo las correspondientes responsabilidades que como equipo de gobierno le corresponden», por haber «hecho caso omiso y dejación de sus funciones, en perjuicio de toda la ciudad de León y los leoneses».