Oposición, Gobierno y dos formas de mirar el zumbido del tráfico
La N-120 representa la mayor condensación de tráfico pesado entre las vías de la red nacional en la provincia y, también, una carga de paradojas en torno a la gestión de la circulación del vial.
En noviembre de 2017, cuando se terminaba de cocinar el convenio que iba a impulsar el desvío de camiones de la carretera nacional a la autopista AP-71, el PSOE, ahora partido de Gobierno, instó a través de una intervención en el Senado a que el Ministerio de Fomento bonificar parte el coste de sacar el tráfico pesado hacia la autopista de peaje León-Astorga, y así liberar la carga de tráfico que padece a diario la carretera. Contestó Fomento que sí, «que cabía esta opción de sacar desde carreteras convencionales a las de alta capacidad tráfico pesado en los tramos en los que fuera factible».
La intervención de los socialistas abundó en estos datos que definen la pesadez de tráfico por la N-120, el zumbido diario, el tormento en zonas pobladas que pasaron de pueblos a cordones residenciales. «La N-120 está sobresaturada de tráfico, con tramos que alcanzan los 20.000 vehículos diarios, especialmente camiones», recogía de forma literal parte de la intervención del Partido Socialista en el Senado. Además, actualizaba las cifras aportadas por la DGT que recogía en cinco años 622 accidente, con 8 fallecidos, 26 heridos de gravedad y 217 heridos leves». La intervención se localiza en una fecha del otoño de 2017, con el convenio que impulsó la consejería de Fomento con el Ministerio de Fomento ya definido, y luego olvidado. Para remarcar la demanda, el PSOE remató: «En paralelo a la N-120 discurre un trazado de la autopista de peaje AP-71, con una circulación de 3.500 vehículos diarios porque es una de las más caras de España». «Una reducción importante del peaje multiplicaría los usuarios de la autopista y descongestionaría la N-120», se añade en la intervención registrada. Cuatro años después, el Ministerio de Transportes, ahora gestionado por el PSOE, no ofrece datos sobre la localización física y administrativa del convenio que tenía que haber entrado en vigor en 2028.