Los planes de igualdad alcanzarán antes del 8 de marzo a 142 empresas y más de 20.000 trabajadores

Las empresas asentadas en León con más de cincuenta trabajadores tienen algo más de dos meses por delante para elaborar planes de igualdad que corrijan cualquier diferencia entre hombres y mujeres. De lo contrario se enfrentarán a sanciones que alcanzarán los 187.000 euros en caso de incurrir en una falta grave.

La inspección comenzará a controlarlas a partir del próximo 8 de marzo, aunque lo hará de una manera progresiva y dará cierto margen a los empresarios para que pongan en marcha las medidas necesarias que eviten cualquier tipo de discriminación por cuestión de género en el ámbito laboral.

Los sindicatos ya están formando a sus delegados para que negocien en los centros de trabajo en los que cuentan con representación y a lo largo de los próximos meses todas las compañías que sobrepasen el medio centenar de empleados deben registrar sus planes de igualdad ante la autoridad competente, en este caso la oficina territorial de Trabajo.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en la provincia hay actualmente 142 empresas con más de 20.000 asalariados que cumplen ese requisito. Las demás no llegan ni al medio centenar de trabajadores en nómina. Tanto los sindicatos como la patronal ya han deslizado que van a extender esos controles a las pymes, que en León representan al 99% del tejido productivo.

No hará falta ese compromiso en las de mayor tamaño. Este año el Gobierno obligó a las que tuvieran más de un centenar de trabajadores a realizar una auditoría, a través de un consultor externo, para acreditar que tanto hombres y mujeres, que ocupen un mismo puesto, cobran exactamente lo mismo. Tenían hasta el 8 de marzo de 2021 para completar el proceso, aunque muchas aún los están negociando. La inspección ha sido bastante flexible hasta el momento.

Ahora, en la tercera fase de esta iniciativa, las empresas con más de cincuenta empleados deben hacer el mismo diagnóstico. El objetivo principal es reducir la brecha salarial, que en León todavía está en el entorno del 21%, y evitar cualquier tipo de acoso o abuso de poder en los centros de trabajo.

Antes del 8 de marzo, una fecha muy significativa, las 142 empresas implicadas —78 tienen entre 50 y 99 trabajadores y el resto más de cien, aunque la mayoría ha incumplido los plazos— deben tener toda la documentación preparada y la hoja de ruta lista para avanzar hacia esa igualdad real que tanto se predica.

En caso de que durante el análisis de cómo se distribuyen los salarios se detecte algún tipo de anomalía, los directivos desarrollarán, según establece la normativa, un plan de actuación que elimine esas desigualdades.

Los representantes del comité de empresa o los propios sindicatos serán los encargados de velar por su cumplimiento. Además debe haber una comisión paritaria que acredite, mediante las correspondientes actas, todos los pasos que se den hasta que se apruebe el plan. Si hay desequilibrios importantes la empresa tendrá que explicar por qué la mujer cobra menos. Incluso hay que comprometerse por escrito a que las nuevas contrataciones sean de mujeres si existe un desequilibrio importante en este aspecto.

Sobre esto, habló recientemente la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), que organizó una jornada específica en colaboración con el despacho Garrigues para intentar arrojar algo de luz a un asunto «complejo». Participaron también la autoridad laboral y la Inspección Provincial de Trabajo.

Enrique Suárez, secretario general adjunto de la organización patronal, recordó al respecto que «España goza de una buena posición como sexto país con mayores índices de igualdad entre hombres y mujeres de la Unión Europea, casi seis puntos por encima de la media comunitaria». Pese a ello, «aún queda mucho por hacer», reconoció. Advirtió que los planes de igualdad deben ser objeto de registro obligatorio antes del 8 de marzo, «hayan sido o no adoptados con el acuerdo de la comisión negociadora».

Por su parte, la jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Belén Diez Santamaría, se refirió durante su turno de palabra a las novedades que plantea el Real Decreto 901/2020, entre ellas, la obligatoriedad de registro público de los planes. Asimismo, asumió la «problemática existente» a la hora de acreditarlos y la larga lista de requisitos, que son «imprescindibles». Por último destacó que «debemos caminar para conseguir que se valore el talento o la experiencia más allá de la obligatoriedad en la elaboración de estos documentos».

En este sentido, desde la Inspección Provincial de Trabajo, Carlos Iglesias aseguró que el plan estratégico presentado por el organismo público establece que «en todos los ejes de actuación se marca la igualdad, la equiparación y conciliación como aspectos a valorar».

Mientras, Ignacio Dugno Simó, de Garrigues, abordó desde un punto de vista práctico la metodología para enfrentarse a un plan de igualdad, «desde el ámbito de aplicación por número de trabajadores hasta su registro e implantación». Otra materia analizada fue la de las sanciones en las que puede incurrir la empresa si elude la orden que va a regular la actividad laboral desde este prisma.