USO defiende las funciones específicas que realiza el funcionariado de prisiones, que no cree que pueden sustituirse por personal proveniente del Ejército. «Los trabajadores de centros penitenciarios no se dedican a una mera vigilancia de los internos en prisión, sino que son funcionarios civiles de la administración general del Estado y realizan sus funciones sin portar arma, puesto que las penas de prisión están orientadas a que los condenados consigan una reinserción social efectiva tras el proceso de reeducación». USO dice que la posible incorporación de militares profesionales viene a reconocer, de la mano del Ministerio de Defensa, y no de Interior, «que hay una gran carencia de personal en nuestras cárceles, como llevamos denunciando». | dl
