Los vecinos afectados por el amianto de Bodegas Armando apelan al Común

El panorama no ha cambiado desde hace más de 20 años. Lejos de mejorar, se ha agravado, como denuncian los vecinos, asomados al solar en el que se aprecia la «absoluta ruina, su dejadez, desidia, abandono, falta de mantenimiento, presencia de amianto sin ningún tipo de vida útil, con grave riesgo para la salud», del edificio de las antiguas Bodegas Armando. Con el temor de que «la falta de acción por parte de los propietarios y de la administración haya podido ya afectar» a quienes conviven «en estas circunstancias», los 405 residentes en las nueve comunidades del entorno del inmueble, radicado en los números 3 y 5 del paseo de Salamanca, acuden al Procurador del Común en demanda de auxilio.

El escrito, registrado también ante la Concejalía de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, reivindica que «se adopten medidas con carácter de extrema urgencia». El documento insta a que se exija «a los propietarios del edificio la demolición del mismo, pues ya se encuentra en situación de ruina», y se procede a «su limpieza, con inmediata retirada de las uralitas y todo el material que pueda contener amianto». «En caso contrario, que por el Gobierno municipal sin dilación alguna, y de forma urgente se inicie el procedimiento de ejecución subsidiaria forzosa a costa de los propietarios», se apostilla.

Con la lucha abierta hace años, los vecinos insisten en que «no hacer nada no es una solución». «Sólo es el fruto palmario de la incompetencia en la gestión municipal. Los procedimientos judiciales que se han iniciado no lograron su objetivo, porque fueron mal planteados y así lo resolvieron los tribunales», pero en vez de reiniciarlos jurídicamente de forma correcta, se los dejó dormir el sueño de los justos, sin justificación ni excusa alguna», critican.

Los afectados recuerdan que su presión y las reuniones con los concejales y técnicos «provocó la reapertura del expediente o, al menos, su impulso», con lo que se trasladó «a los propietarios del solar la obligación de techar la edificación en la forma que se consideró oportuna con arreglo a la legislación vigente, con el apercibimiento de que, en caso de no ejecutarlo, se impondrían las correspondientes sanciones o multas coercitivas». «Como los propietarios no llevaron a cabo los trabajos de reforma que se les exigió, se les impuso dos de las diez o doce multas previstas y, por motivos que desconocemos, el procedimiento sancionador se paralizó y no se les volvió a imponer ninguna multa más. Y, así, han transcurrido al menos dos años», abundan los vecinos.

Pero «el solar sigue igual, mientras la administración no acomete de una vez por todas la demolición del edificio y el acondicionamiento del solar», y «es chuleada por unos particulares que llevan años demostrando que el bienestar de sus convecinos les resulta perfectamente prescindible». «Nunca tan pocos pudieron con tantos», rematan los vecinos afectados.