Villahierro recibe a 48 funcionarios en prácticas para paliar las carencias

El Centro Penitenciario Provincial de Villahierro acoge desde ayer a 48 funcionarios en prácticas, que estarán tutelados en los próximos meses por profesionales de experiencia, hasta que adquieran los conocimientos necesarios para poder desempeñar la tarea por sí solos.

La medida se incardina en el marco de las adoptadas para hacer frente a la carencia de funcionarios que sufre la penitenciaría, que en la medida de sus posibilidades, recibe un soplo de aire nuevo para reforzar los servicios, si bien a criterio de los sindicatos, aún son necesarias expectativas de realidad en sus reivindicaciones.

El curso selectivo, en el que las personas aspirantes adquirieren conocimientos teóricos y desempeñarán, de forma tutelada, funciones propias de los puestos de trabajo adscritos al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, tiene carácter unitario pero se estructura en dos fases no necesariamente sucesivas: una de formación y otra de prácticas tuteladas. La fase de formación, se imparte en las dependencias que tiene a su disposición el Centro de Estudios Penitenciarios en la ciudad de Cuenca, mientras que las prácticas tuteladas se realizarán en los Centros Penitenciarios que se determinan, como es el caso de Villahierro en León.

Es obligatorio asistir al 80% de las jornadas lectivas, tanto de la fase formativa como de las prácticas tuteladas, para la realización del examen que se calificará como «apto» o «no apto».

Los aspirantes que no hayan superado el curso selectivo no podrán realizar el período de prácticas.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) considera imprescindible que se reconozca aspectos como el reconocimiento de agente autoridad de los trabajadores penitenciarios y el principio de indemnidad de la administración.

Asimismo, propone una memoria económica que recoja la reclasificación de centros penitenciarios y los nuevos puestos generados, con un marco temporal para la adscripción al grupo B de la administración de los funcionarios de prisiones, y el plazo para generar el nuevo organigrama y funciones, que supongan la modernización del sistema penitenciario español, acorde al mandato constitucional de reinserción y reeducación.

El texto presentado en su día por el Grupo Parlamentario Socialista proponía en su día que en los procedimientos penales surgidos contra funcionarios de prisiones, en caso de una posible detención, se garantizara su separación del resto de los detenidos y que, en caso de ser ingresados en prisión, fueran separados de otros reclusos con el fin de salvaguardar su integridad física. Todos esos planes siguen a la espera.