Aprobada sin consenso la estrategia nacional del lobo con 20 M€ para daños
Castilla y León considera «inédito» destinar fondos estatales en competencias autonómicas
La nueva estrategia incluye una línea de ayudas para los ganaderos afectados. MARCIANO PÉREZ
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada de forma telemática, aprobo ayer la Estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo (Canis lupus) y su conservación, un texto que ha contado con la opsición de las llamadas comunidades loberas —Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria— que busca impulsar las medidas de cohabitación del lobo con sectores clave como la ganadería y en información más precisa y actualizada sobre las poblaciones de la especie en el territorio.
Según fuentes ministeriales, vinculado a la aplicación de la Estrategia como uno de sus instrumentos junto al Protocolo para la aplicación de excepciones, es decir, para extraer o controlar lobos, y la metodología de actualización del censo, se ha acordado destinar 10,5 millones de euros para prevenir daños de lobos por parte de los ganaderos y otros 9,5 para indemnizaciones.
La Estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo incluye herramientas como la territorialización de fondos para poner en marcha medidas de prevención e indemnizar los daños generados por la especie en la cabaña ganadera, el protocolo para la autorización de excepciones para la extracción selectiva de ejemplares, y el impulso de un nuevo censo nacional coordinado.
El documento incorpora las aportaciones de las autoridades regionales y las planteadas por entidades en el seno del Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El Ministerio destaca que la guía es resultado del trabajo realizado con las comunidades autónomas y, especialmente, con las que sostienen un mayor número de manadas en su territorio.
Su aprobación era necesaria para articular el reparto de fondos en los Presupuestos Generales del Estado de 2022; para apoyar a los titulares de explotaciones ganaderas y contar con un mecanismo uniforme que de garantías a las administraciones implicadas en las autorizaciones de excepciones para la extracción selectiva de ejemplares.
Castilla y León, representada por su consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Reto Demográfico, Juan Carlos Suáres-Quiñones, votó en contra la aprobación de esta estrategia al entender que «va en contra de la población rural, específicamente de la que se dedica a la ganadería extensiva, con un contenido contradictorio a la posición de esta comunidad que siempre se ha mostrado contrario a la catalogación del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), recurrida ante la Audiencia Nacional por la Junta de Castilla y León».
Por otro lado, se mostró oposición a que los fondos previstos en los presupuestos generales del Estado para su transferencia a las Comunidades Autónomas para subvencionar medidas preventivas y compensar daño, se incluyeran en la Estrategia y se vincularan a esta, lo que «es inédito en el repartos de fondos estatales para financiar actuaciones competencia de las Comunidades Autónomas».
Suárez-Quiñones lamentó la «falta de consenso y la unilateralidad» por parte del Ministerio e insiste en que «debe tener sustento en una norma de carácter jurídico y nunca configurarse como un anexo de un documento estratégico y de planificación».
Teresa Ribera también anunció a las comunidades autónomas que el Ejecutivo quiere aprobar próximamente en el Consejo de Ministros un Real Decreto con requisitos básicos de la operativa los servicios de extinción de incendios. Un documento estratégico que define las líneas comunes de trabajo para todos los actores con competencias en la defensa contra este fenómeno que afecta especialmente a España este verano.
En concreto, la vicepresidenta ha explicado que el real decreto de requisitos básicos de extinción pretende ser un marco «orientativo de coordinación» nacional para reducir los incendios forestales, gestionar de forma efectiva su desarrollo y minimizar sus consecuencias.
Así, buscará fortalecer la cooperación intersectorial en materia de incendios entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, el sector privado y la sociedad, al ser un fenómeno que no atiende a separaciones administrativas, competenciales o de propiedad.
El documento establece seis principios que guiarán la aplicación e incluye 50 líneas de actuación en torno a seis objetivos: gestionar el territorio rural para lograr su sostenibilidad; reducir el riesgo de incendios, adaptar los ecosistemas y preparar a la sociedad frente su ocurrencia; involucrar la gestión del riesgo por incendios forestales en las políticas sectoriales; adaptar dispositivos contra incendios a los nuevos escenarios y reforzar su cooperación; profundizar sobre el conocimiento en incendios y la influencia del fuego en los ecosistemas; fomentar la participación y la sensibilización de la sociedad en la gestión de los incendios.