martes. 28.06.2022

El Canal de Carrizo se queda sin agua y reabre el debate sobre las presas

Los excedentes de otras comunidades permiten a los agricultores cerrar el último riego.
Los Barrios de Luna desembalsó esta primavera al llenarse por las abundantes lluvias. RAMIRO

La polémica sobre la regulación adicional del río Órbigo sigue. Si bien la falta de Gobierno central la ha llevado a un remanso administrativo, la chispa volvió a saltar la semana pasada cuando en la junta de gobierno del Sindicato Central del Embalse de los Barrios de Luna fue necesario aprobar la cesión de agua correspondientes a otras comunidades para que el Canal de Carrizo pueda terminar su último riego, lo que ocurrirá entre el miércoles y jueves de esta semana. Además, en próximas reuniones, podrían aprobarse nuevas cesiones a Carrizo en función de las necesidades de los cultivos y de la climatología.

Y es que aguas abajo de Carrizo de la Ribera tienen muy clara la necesidad de la construcción de las presas de La Rial y Los Morales, que consideran beneficioso incluso para quienes se oponen al proyecto, pues ven cómo, campaña tras campaña, es preciso ceder recursos hídricos al Canal de Carrizo de lo que ahorran los demás para que los cultivos de la zona que se muestra contraria a los dos nuevos embalses completen su ciclo y resulten, por tanto, rentables. A esto se añade que el anteproyecto de regulación lateral del Órbigo contempla la construcción de un nuevo canal para estos regantes, desde el punto donde toma de agua hasta la elevación de agua que será precisa para el llenado de la balsa, lo que finalizará con el problema de las pérdidas de agua que presenta esta infraestructura de riego.

El resto de las comunidades entienden que un canal con un 5 a un 10% de pérdidas entra en un rango admisible, mientras que en Carrizo la falta de mantenimiento supone unas pérdidas de agua que superiores al 50%, ya que no se acomete obra alguna de mantenimiento.

Por encima de la media

Bien es cierto que en origen se diseñó una conducción para atender unas 4.000 hectáreas y que, finalmente, los comuneros suman 978 hectáreas, lo que supone un costoso mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, desde el resto del sistema Órbigo se entiende que un mínimo mantenimiento podría reducir a la mitad los recursos que se quedan por el camino.

Según los datos de consumo que se manejaban a 26 de agosto, el Canal de Carrizo ha consumidos 5.252,02 metros cúbicos de agua por hectárea —equivalen a 5,25 millones de litros—, desde que el pasado 10 de junio fuera necesario iniciar los desembalses en Los Barrios de Luna para que el Órbigo dispusiera de agua para regadío. La cantidad es claramente superior a los 3.867,07 m3/ha de media del conjunto del sistema. Se trata del cuarto consumo más alto en el sindicato central, por detrás de comunidades de pequeño tamaño, que atienden entre 32 y 82 hectáreas. De los canales, Carrizo es el que más gasta y es Velilla —sin modernizar—, la que tiene el menor consumo del conjunto, con 2.954,84 m3/ha y una extensión muy similar a la que atiende Carrizo: 962 hectáreas.

En una zona que sufre con frecuencia la falta de agua y en la que el agricultor se ha acostumbrado a ahorrar, hay quien critica que en Carrizo no dispongan de agua para el último riego en un año en el que la reserva está por encima de la media de los últimos diez años y, sin embargo, no se defiendan alternativas que garanticen el suministro, más cuando la política hidráulica relega el uso de agua para la producción agrícola del segundo lugar, se aumentan los caudales ecológicos y las previsiones de aportes de agua para el 2030 son inferiores a las actuales.

Los principales sindicatos agrarios ha dejado clara su postura al respecto. Asaja es contraria a la regulación y partidaria de la modernización para que los regantes dispongan de agua. Ugal-UPA señala que la regulación adicional del río Órbigo será necesaria siempre que no se acometa la modernización de los sistemas de riego, mientras que el Sindicato Central del Embalse de Los Barrios de Luna estima que no se puede exigir al agricultor que invierta en modernización si no se le asegura que disponga de agua en el futuro.

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