domingo. 03.07.2022

Al margen de la reclamación de responsabilidades penales que finalmente se hubieran exigido por el accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a seis mineros en el Pozo Emilio del Valle, la situación de las familias hubiera sido muy diferente si el acoso administrativo a las empresas del carbón no hubiera provocado el cierre precipitado del sector en su conjunto. También la quiebra de la Hullera Vasco Leonesa, que por entonces había invertido cientos de millones en modernizar sus explotaciones y abrir las vías para la explotación de carbón durante unas décadas aún.

La Vasco, asfixiada por los impagos de las ayudas públicas firmadas con el Gobierno, solicitó concurso de acreedores en mayo 2015. Perdió entonces el control para disponer de sus fondos y por tanto la posibilidad de llegar a un acuerdo para indemnizar al conjunto de las familias de las víctimas con las que hubiera llegado a un pacto. En el tiempo transcurrido entre el accidente y la declaración del concurso sólo una de las familias de los fallecidos cerró un acuerdo con la empresa y recibió su indemnización. El resto, al margen de cuáles fueran sus intenciones, sigue esperando.

El concurso frenó las indemnizaciones
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