Estas son las 100 minas ilegales de España. Conoce las 6 de León

El Observatorio Ibérico de la Minería, del que forma parte Ecologistas en Acción, ha mapeado las 100 minas ilegales que hay repartidas por toda España, donde aparecen 6 explotaciones de León. En la documentación de este estudio se recogen también más de medio millar de infracciones , la mayoría asociadas a impactos ambientales o a autorizaciones ilegales. 

Este organismo se lanzó hace un año para documentar las vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causados por la industria extractiva en toda la geografía peninsular, haciendo públicas las evidencias existentes sobre cada caso. Fruto del trabajo de investigación colaborativo de decenas de colectivos, entre los que se incluye Ecologistas en Acción, esta semana se han presentado más de 100 casos georreferenciados que desvelan la magnitud del problema.

Hay hasta seis explotaciones de la provincia leonesa que aparecen en el informe.  El Feixolín , una mina de carbón a cielo abierto en el valle de Laciana, es, seguramente, la más conocida por toda la polémica que ha rodeado a esta explotación, que ocupó ilegalmente 210 hectáreas prescindiendo de la necesaria evaluación de impacto ambiental, provocando graves daños en el territorio y zonas protegidas. Otra es la  Cantera de Peña do Rego , que se desarrolló ilegalmente hasta 2014 en la zona periférica de protección del BIC y monumento natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad, sin sujeción a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y sin Licencia Ambiental. Su directivo fue condenado a 4 años de cárcel por delitos contra el medioambiente.

También están Pizarrera Nano, situada sobre el LIC de Riberas del Río Sil y afluentes, que ha ocupado con sus residuos; Pizarrera El Poltrón, que operó durante más de 15 años sin autorizaciones; la Canteira Mesa de Reis, situada en el límite entre El Bierzo y Galicia, a tan solo 150 metros del LIC Os Ancares-Courel; y Louseira de Texeiras, pizarrera que inició su actividad como explotación 'experimental' en 1992, colmatando de residuos mineros varias zonas del rego do Rebolo y afectando a zonas de Red Natura 2000. Se sitúa sobre terrenos comunales que fueron cedidos de forma poco transparente.

El observatorio expone todo tipo de situaciones, desde ataques, amenazas o pleitos intimidatorios contra activistas hasta explotaciones clandestinas que operan sin permisos o sin haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental. También se documentan infracciones de derechos laborales, como malas condiciones de trabajo o obstáculos a la actividad sindical. Muchas de estas minas se encuentran en espacios protegidos o en las proximidades de poblaciones, en las que provocan problemas de salud e impactos ambientales por emisiones de polvo o contaminación de las aguas.

La mayoría de los casos incluídos son de Andalucía, con 24 explotaciones, y Galicia, con 21, pero Joám Evans, coordinador del observatorio, advierte que “esto es solo la punta del iceberg”, ya que cuentan con una lista de 400 casos pendientes de documentar y en los últimos meses se han unido entidades de territorios en los que hasta ahora no se estaban investigando.

“Es sorprendente encontrarse con tantas explotaciones ilegales, cuando tanto desde el sector como desde las administraciones se insiste tanto en el mito de la minería responsable y sostenible”, remarca Evans.

El portal ha documentado más de 400 infracciones ambientales, que incluyen vertidos, contaminación por polvo o afectación a bienes culturales, y casi 300 infracciones relacionadas con la falta de autorizaciones o permisos ilegales, falta de restauración o avales financieros y corrupción administrativa. Desde el observatorio concluyen que detrás de estas malas prácticas está la falta de control por las administraciones que genera un ambiente de impunidad generalizado.

El Observatorio Ibérico de la Minería es una iniciativa de ciudadanía ambiental en la que participan una treintena de colectivos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. A principios de año fue distinguido con un premio de la Universidad de las Naciones Unidas por su metodología participativa. El portal cuenta con un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas, facilitando así el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales y a mitigar las asimetrías existentes entre las comunidades afectadas y el sector extractivo.

Con estos mecanismos, el proyecto pretende contribuir a las funciones de inspección y control de las administraciones públicas, así como a un mejor conocimiento sobre los impactos causados por la minería por parte de las instituciones, los medios de comunicación, los movimientos sociales y las comunidades locales afectadas.