UNA ANCESTRAL FORMA DE GOBIERNO
El Gobierno anuncia un cambio legal «urgente» para proteger las pedanías
Las entidades locales menores apuntan al real decreto como procedimiento más rápido
La ministra Meritxel Batet, ayer en León.
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, anunció ayer en León que el Gobierno central trabaja en una reforma «de urgencia» de la Ley de Bases de Régimen Local, que permita la pervivencia de la juntas vecinales. La ministra señaló que no se redactará un nuevo texto, sino que se realizará una «reforma selectiva» del existente, en el que el primer Gobierno de Mariano Rajoy introdujo cambios en 2013, con la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Ley Montoro.
Batet no ofreció detalles sobre la iniciativa, si bien señaló que el Ejecutivo de Sánchez realiza «un estudio exhaustivo» para acometer el cambio. También se refirió al Real Decreto 218/2018 que regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación nacional, que derogó la figura del secretario-vecino, y al parcheo del problema administrativo que provocó.
Cabe destacar que el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, ratificó el compromiso de su partido con las juntas vecinales pocos días después de que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno. Cendón subrayó que el nuevo Ejecutivo iba a derogar el citado Real Decreto en lo que a secretarías de las pedanías se refiere —ya en mayo el grupo socialista en el Congreso había presentado una proposición no de ley para abolir este punto—, además de estudiar fórmulas que permitan financiar la organización administrativa de las entidades locales menores (ELM).
Por su parte, la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España valoró «muy positivamente» que Battet «reconozca la urgencia» de solucionar la «gravísima inseguridad jurídica» en las ELM, provocada por la Ley Montoro y el Real Decreto 128/2018. La federación española apuntó la posibilidad de que el Gobierno acometa la reforma anunciada ayer mediante un Real Decreto, lo que posibilitaría acometer la reforma legal en esta legislatura. La iniciativa legislativa correspondería entonces al Consejo de Ministros, si bien el Congreso de los Diputados debería convalidar el decreto en un plazo de 30 días desde su aprobación por el Gobierno.
Las claves del cambio
La federación española manifestó que la reforma debe reconocer que las ELM «son entes locales territoriales, por tanto, con personalidad y territorio propios», además de «flexibilizar el régimen de la funciones de secretaría, intervención y tesorería», régimen que «pueden desarrollar las comunidades autónomas». Los cambios coinciden con los que formuló la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores el sábado en este periódico.
La organización española aboga por la creación de «servicios de asistencia a todas las entidades locales —no sólo a municipios—» para el desarrollo de las funciones de secretaría-intervención en juntas vecinales, parroquias y concejos, de forma que esta labor no recaiga exclusivamente en los secretarios de los ayuntamientos, como recogía el Real Decreto 128/2018. Las ELM buscan servicios de asistencia que presente sus funciones «de forma eficaz e integrada» y que dispongan de «un conjunto de funcionarios que atiendan las entidades locales menores de forma especializada».
La federación entiende que el medio rural «necesita funcionarios suficientes que atiendan a estas pequeñas administraciones públicas, pudiendo cada Comunidad autónoma regular la prestación de esas funciones y su financiación». Solicita que no se vuelva a caer «en el error de aprobar una norma rígida que no se puede cumplir, ni a medio ni a largo plazo» y advierte de la urgencia de solucionar el problema de las secretarías «antes de las próximas elecciones» locales.