jueves. 30.06.2022

El Consejo de Ministros ha acordado el reparto a las comunidades autónomas de 90 millones de euros del ejercicio presupuestario de 2022 —17,1 de ellos para Castilla y León— para la recuperación de zonas afectadas por la minería, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los fondos permitirán actuaciones en al menos 89 emplazamientos seleccionados consensuadamente on las comunidades autónomas tras más de un año de intenso trabajo, según señala el Ministerio para la Transición Ecológica en un comunicado en el que afirma que el acuerdo recoge los criterios de reparto y la distribución territorial de las ayudas, destinadas a recuperar áreas degradadas por la actividad minera del pasado. Las actuaciones reducirán el riesgo para las poblaciones cercanas y la vida silvestre, al eliminar focos de contaminación, y naturalizando y transformando en sumideros naturales de carbono las áreas restauradas.

En consecuencia, se ha dado prioridad a las instalaciones mineras clausuradas y peligrosas recogidas en el inventario creado con el Real Decreto 975/2009, y a

aquellas actuaciones que puedan lograr un 50% de ejecución de los fondos adjudicados antes de junio de 2023.

Andalucía, con 29,4 millones, es la comunidad autónoma que recibirá más ayudas, seguida por Castilla y León, con 17,1 millones, y Cantabria, con 10,8 millones. Los 90 millones de ayuda se añaden a los 698 millones ya trasferidos en 2021 en el marco de la Componente 4 del PRTR, que cuenta con una dotación de 1.642 millones. Esta partida se destina a alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante la restauración ecológica y a revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos.

Con el Acuerdo se aseguraría el cumplimiento de dos de los objetivos de la Decisión de Ejecución del Consejo de la UE sobre del PRTR español: rehabilitar al menos el 50% de 20 emplazamientos mineros antes de julio de 2023 y concluir al menos 30 antiguos emplazamientos mineros antes de julio de 2026, incluyendo la descontaminación del suelo, la recuperación de la morfología y la restauración y naturalización.

El Gobierno destina 90 M€ a clausurar minas peligrosas
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