El juez de Huesca pide a la Agencia Tributaria información sobre Alonso
Quiere verificar si es realmente insolvente, motivo que le ha librado de entrar en prisión
Victorino Alonso
El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha ordenado investigar la veracidad de las informaciones que vinculan a Victorino Alonso, condenado por la destrucción de la cueva de Chaves, con sociedades opacas en paraísos fiscales, según ha publicado recientemente el Heraldo de Aragón. Antes de decidir si mantiene la suspensión de la condena de dos años de prisión, de la que actualmente disfruta el empresario minero leonés, o la revoca y lo envía a prisión, ha solicitado a organismos oficiales información sobre su patrimonio fuera de España.
En una providencia del 14 de febrero, el magistrado encargado de ejecutar la sentencia contra Alonso, ordena remitir a la Agencia Tributaria los documentos aportados por el diario El País a fin de que informe si tiene constancia de que Alonso es titular de cuentas corrientes, bienes o activos financieros en el extranjero, propietario o accionista de Neilmar Investments Holding S. A. o percibe ingresos procedentes de sociedades extranjeras, y en qué fechas.
El conocido como Rey del Carbón por sus negocios mineros fue condenado en 2016 por arrasar el yacimiento neolítico de Chaves para construir un abrevadero de cabras en su coto de Bastarás (Casbas de Huesca), pero se le suspendió la pena de dos años. Gracias en parte a su insolvencia, pudo eludir la cárcel y el pago de 25 millones de euros de indemnización al Gobierno de Aragón por un delito contra el patrimonio histórico.
Alonso tiene otras dos condenas pendientes en León por delitos contra el medio ambiente cometidos en su etapa como empresario minero.
En la última de ellas, fallada en mayo del año pasado, la Audiencia Provincial de León le condenó a cuatro años de cárcel y al pago de cerca de 25 millones de euros por los daños causados al medio ambiente en la zona protegida con la explotación de una mina de carbón a cielo abierto de Nueva Julia, de más de 405 hectáreas, entre los municipios de Cabrillanes y Villablino.
La otra, de septiembre de 2019 lo condenaba a dos años y medio de prisión por explotar ilegal durante 13 años la mina El Feixolín, en Villablino.
Ambas sentencias han sido recurridas por los abogados del empresario ante el Tribuna Supremo que tiene pendiente la resolución de los recursos de casación.