miércoles 19/1/22
Investigación en Villablino

La juez imputa a Constantino y Rubén Rivas por la agresión a Arias Tronco

La magistrada les llama a declarar como investigados tras las informaciones publicadas por DIARIO DE LEÓN
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Auto Rivas pequeño
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La juez titular de Villablino ha citado a declarar a Constantino y Rubén Rivas por la agresión que recibió el empresario Antonio Arias Tronco. El auto de la magistrada, Ana Cores, destaca que la declaración la realizan en calidad de investigados, lo que de facto supone la imputación de ambos por la agresión sufrida por el empresario en el camino de la braña, en el paraje de La Cavén, el 13 de marzo de 2020. Hay que destacar que desde que Antonio Arias Tronco acudió al juzgado para ratificarse en su denuncia han pasado varios meses y ha sido justamente al día siguiente de la publicación de las informaciones de DIARIO DE LEÓN cuando ambos han sido imputados.

Esta ivestigación se enmarca dentro de una presunta trama de apropiación de fincas y propiedades en Villablino por parte de la familia del alcalde, Mario Rivas. La red, de la que forman parte presuntamente el propio alcalde, su hermano, Rubén Rivas, y su padre, Constantino Rivas, así como su mujer Ana González y el hermano y el padre de ésta, Jonathan y Arturo González, ha amenazado, según varios ganaderos y el propio Antonio Arias Tronco, a vecinos de Villablino después de que estos les recordaran que las tierras que han puesto a su nombre no son suyas.

Antonio Arias Tronco tenía casi 70 años el día de la paliza. «Estoy prácticamente impedido e indefenso del todo. Yo estaba dentro del coche y Rubén llegó corriendo como un energúmeno con un garrote de madera y me golpeó en el pecho y en la cabeza», recuerda.

Indefensión

Además de las heridas físicas que sufrió por la paliza — «sangraba por todas partes y estuve mareado durante varios días»—, Arias Tronco está desde entonces en tratamiento psiquiátrico por las secuelas de la agresión. «Mi psiquiatra me ha asegurado que uno de los problemas que tengo es mi indefensión porque la denuncia no se soluciona», lamenta. Además, Antonio Arias tampoco olvida que la Guardia Civil no le prestó ninguna ayuda. «Los agentes que llegaron al principio me dejaron sangrando y se fueron a hablar con Constantino y Rubén Rivas y la segunda patrulla que llegó fue la que se negó a prestarme auxilio y se limitó a hacer fotos al maletero del coche», manifiesta. La juez dictó la prescripción de la denuncia y fue la fiscalía la que ordenó que se reabriera. Esta magistrada se inhibió en un proceso de amenazas contra Antonio Arias Tronco iniciado por la mujer del alcalde, Ana González a causa de la «amistad íntima» que mantienen. Sin embargo, no ha hecho lo mismo con el resto de denuncias que en su juzgado se han interpuesto contra la familia del alcalde. Además, Ana Cores Paredes envió previamente la denuncia de Ana González contra Antonio Arias Tronco al juzgado de violencia de Ponferrada para que se juzgara como un caso de violencia machista.

Al juzgado de violencia

El abogado Óscar Geijo, letrado del empresario destaca su extrañeza por la decisión de la magistrada puesto que entre ambos no existe ninguna relación de parentesco que permita la aplicación de esta ley y recuerda que si el juez de violencia hubiera continuado con el procedimiento, Arias Tronco podría haber pasado varias horas en el calabozo. Sin embargo, el 11 de enero de 2021, el Juzgado de primera Instancia de Ponferrada absolvía a Arias Tronco y la sentencia destacaba la existencia de «un ánimo espurio en la denunciante». «En efecto, la familia más directa de aquella (la mujer del alcalde) tiene problemas de tierras y un litigio con el denunciado. Ello obliga a valorar con cautela su declaración. En segundo lugar, su testimonio no está corroborado por elementos objetivos». Posteriormente, Ana González recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial hizo suyos los argumentos de la primera sentencia, dando la razón a Antonio Arias Tronco.

Más denuncias

A principios de 2021, varios vecinos interpusieron una demanda en el juzgado de Villablino por la «ocupación y usurpación» de cuatro parcelas antiguamente dedicadas al tiro al plato deportivo en el paraje de Quiñones del Rey y Val de Abedul en Sosas de Laciana. Si bien ninguno de los afectados ha querido hacer declaraciones, un documento recoge que las personas a las que responsabilizan son Jonathan González Álvarez, cuñado del alcalde, con sus padres, Arturo González Barbón, Emilia Álvarez Arias y el hermano del regidor, Rubén Rivas López, así como con la colaboración de las Notarías de Villablino y Fabero.

El documento destaca que en los años 80 la sociedad deportiva Tiro Laciana adquirió una serie de fincas en el paraje Sosas de laciana denominado Quiñones del Rey y Val de Abedul pertenecientes al ayuntamiento, todas ellas del polígono 6 para hacer un campo de tiro al plato, campo que se llevó a cabo en la década de los 80 y 90. Dichas fincas se adquirieron por contratos de compraventa con los propietarios de las mismas ante notario y se encuentran, sin registrar, a nombre de la sociedad. La ausencia de registro se debe, según se destaca en el documento, a la falta de títulos previos por parte de los vendedores en su día o a la ausencia de registro de estos para llevar a cabo el registro de cada una de las parcelas. «En septiembre del año 2020 informan de que una máquina está colocando postes de madera por medio de la campa del Campo de Tiro por lo que automáticamente llamo a Jonathan para decirle que esos terrenos son de una sociedad. (...) Tras conversar con Jonathan y su padre Arturo vienen a decirle que eso era de ellos, que lo habían comprado, escriturado y registrado. Solicitamos nota simple al registro número 2 de Ponferrada de las 15 parcelas adquiridas en los años 80. De las notas simples se extrae que las parcelas se encuentran registradas a nombre de Jonathan González Álvarez. Las tres primeras parcelas ante la Notaría de Villablino y la última ante la notario de Fabero Clara Isabel Sánchez Tenajas».

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