PP y Vox rechazan una propuesta del PSOE sobre la exclusión financiera
PP y Vox rechazaron ayer en el pleno de las Cortes regionales una propuesta del Grupo Socialista para evitar la exclusión financiera en Castilla y León, que ha contado con los votos a favor de PSOE, UPL, Soria ‘Ya!, Podemos y Por Ávila, así como la abstención de Cs.
Esta iniciativa, con una enmienda de sustitución del PP, se dirigía al Gobierno de España y a la administración autonómica para alcanzar una serie de compromisos con el sector financiero para garantizar la prestación de un servicio «básico y esencial» en toda la Comunidad.
La procuradora socialista Rosa Rubio ha recordado la merma en el número de sucursales desde la crisis de 2008 y tras de la pandemia de la covid-19, que pasaron de 3.180 oficinas a 1.053 a finales del año pasado, mientras que en cuatro de las nueve provincias han cerrado más de la mitad de sus oficinas. Este mapa bancario incide especialmente en el medio rural, donde el 15,6 por ciento de los habitantes carece de un cajero en un radio de cinco kilómetros en un territorio muy extenso donde el 25 por ciento de los habitantes superan los 65 años, con más dificultades en el uso y acceso a las nuevas tecnologías.
«Esta situación responde a que las entidades apuestan sólo por modelos digitales», ha añadido Rubio para criticar acto seguido «la dejadez y desidia del PP» al no garantizar el acceso a internet.
Rubio ha advertido del riesgo de «desertificación financiera» y ha subrayado que su propuesta se dirige a las dos administraciones, a la Junta y al Gobierno de la nación, con el fin de «llegar a acuerdos con las entidades financieras».
El resto de partidos políticos ha coincidido en el diagnóstico de la falta de oficinas bancarias en el medio rural y el impacto en una población dispersa y envejecida.
De hecho, el procurador del PP David Beltrán ha presentado una enmienda de sustitución, rechazada por el Grupo Socialista, con el fin de clarificar al considerarla «más completa», y ha subrayado que hacen falta «acuerdos consensuados y colaboración público-privada» para hacer frente a este problema.