UPA lleva al Supremo la guerra de precios iniciada por la industria láctea

La organización agraria UPA ha presentado un informe pericial en el Tribunal Supremo con argumentos a favor de cubrir los costes de producción en los contratos de compra-venta de leche para asegurar la viabilidad del sector, oponiéndose así a acabar con la prohibición de comprar a pérdidas.

Miembros de la organización agraria acudieron ayer a una sesión judicial en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo que sigue la demanda presentada por la Federación de Industrias Lácteas (Fenil) en la que pide al Alto Tribunal que anule la prohibición de comprar a pérdidas entre transformador y productor de leche, al entender que incumple el reglamento de la OCM láctea sobre libre negociación de precios.

En la vista, UPA ha presentado su informe técnico que intentar rebatir el presentado por Fenil en su demanda y para ello ofrece datos del sector lácteo español como la reducción progresiva de granjas, la atomización de los productores frente a la concentración de la industria transformadora o la evolución de los precios medios en origen de los últimos años.

UPA asegura que Fenil pretende acabar con la prohibición de la compra a pérdidas presentando una demanda que «refleja una situación idílica donde productores e industria tienen el mismo poder negociador».

No obstante, «el problema» es que, según el análisis de UPA, se observa una «imposición unilateral de todas las condiciones de contratación» por parte de la industria y eso «a pesar de las mejoras introducidas» en las normativas, que «siguen siendo insuficientes para equilibrar» la balanza.

Entre ellas, subraya que «el 90 %» de la industria láctea no cumple con la obligación de presentar la oferta de renovación de los contratos con dos meses de antelación sino que se hace «15 días» antes del vencimiento, «sin previa oferta» y se deja «sin ningún tipo de margen» al ganadero para que busque otro comprador que más le convenga.

En su argumentario, rebate aspectos de la pericial presentada por Fenil en la que la patronal láctea habla de que «no existe un concepto objetivo de ‘coste efectivo de producción’, de manera que cada ganadero podrá o no tener en cuenta lo que en cada momento considere oportuno».

UPA asegura que «todos» los costes se mueven en «un margen muy reducido»; que hay «varias comunidades autónomas con herramientas públicas de cálculo de costes de producción»; o que existen «numerosos» índices de referencia «bastante precisos».

A pesar de esos índices «no existe ninguna empresa» que los utilice, «lo cual demuestra que la industria lo que quiere es seguir imponiendo su precio y sus condiciones según le interese en cada momento».

En su conclusión final, UPA plantea al Supremo que «no sólo es totalmente necesaria» la prohibición de comprar leche a pérdidas «sino que se debe mejorar su control y funcionamiento para evitar que la industria obligue a firmar contratos que no cubren estos costes de producción».

Uno de los miembros de Unións Agrarias-UPA Félix Porto ha asegurado ante los medios de comunicación, tras participar en la vista, que el argumento de Fenil es «un tanto extravagante» al decir que prohibir la compra-venta a pérdidas perjudica al propio ganadero, «cuando el sector productor en ningún caso impugnó o puso alguna alegación» a la normativa que lo recoge (Ley de la Cadena).

«Tratamos de combatir jurídicamente un argumento que no tiene ni pies ni cabeza», ha señalado.

Hoy se han ratificado los informes periciales ante el Supremo, posteriormente las partes (Fenil, UPA y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) presentarán sus conclusiones antes de que el TS dicte sentencia, algo que «puede tardar meses».

Porto tiene claro que si el Supremo diese la razón a la patronal y se permite comprar a pérdidas, se pone fin a la «parte trascendental» de la reformada Ley de la Cadena, que «quedaría en papel mojado».

Por eso rechazan las declaraciones de Fenil de ayer en la que aseguraba que la patronal «no quiere derogar o tumbar la Ley de Cadena Alimentaria» porque el recurso es contra la parte de real decreto 374/2022 sobre contratación en el sector lácteo que obliga a que el ganadero no venda la leche a la industria por debajo de su coste efectivo de producción, en cumplimiento, eso sí, de dicha Ley de la Cadena.