El Gobierno violó la ley de forma reiterada con el radar covid

El Gobierno la presentó como la gran herramienta para ayudar a combatir la expansión del coronavirus. Tras una intensa campaña de promoción, su lanzamiento nacional finalmente se produjo el 19 de agosto de 2020, cuando España todavía luchaba por salir de la primera ola de la pandemia. La promesa de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia) era que la aplicación Radar Covid, gracias a la tecnología bluetooth, iba a permitir detectar seis contactos estrechos por cada positivo notificado. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de quien depende la Sedia, no reparó en costes. Se gastó 4.265.499 euros en crear y difundir esta herramienta, desarrollada por Indra. Al final, la aplicación, según los datos de Sanidad, fue descargada 8,4 millones de veces, pero, en modo alguno, se convirtió en una herramienta útil para evitar la llegada de otras cinco oleadas de covid. Únicamente 120.000 personas llegaron a notificar sus positivos a la app, un 1% de los casos oficialmente detectados en España. Además, la aplicación fue incapaz de alertar en la mayoría de las situaciones a los contactos de riesgo tras esas notificaciones. Ante la inutilidad de esta tecnología, el Gobierno finalmente decidió dejarla morir en silencio al no renovar el mantenimiento de la misma. Pero su falta de efectividad y su alto coste (cada notificación inútil de positivo ha costado de media más de 35 euros al erario público ) no es el único problema. El jueves de la pasada semana, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) notificó a la Sedia que con la puesta en marcha de RadarCovid llevó a cabo una violación masiva del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) .La AEPD, que asegura que la Administración conculcó en su app hasta ocho artículos del aquel reglamento, solo apercibe al Gobierno, ya que la Ley de Protección de Datos Personales no contempla multas cuando el infractor es un ente público. Eso sí, a lo largo de un pormenorizado informe de 212 páginas al que ha tenido acceso este periódico, la agencia desgrana la cascada de irregularidades de aquella herramienta tras rechazar de plano las alegaciones presentadas por la Secretaría de Estado en su recurso de reposición y dar la razón a los tres ciudadanos y a la asociación Right Internacional Spain.