Los jueces piden limitar a mayores de 18 la autodeterminación de género

El Poder Judicial, por unanimidad, reclamó ayer al Ministerio de Igualdad y al resto del Ejecutivo cambios de calado en el anteproyecto de ley Trans-LGTBI para que el texto se ajuste a la legalidad antes de que el Consejo de Ministros lo remita al Parlamento para su tramitación y aprobación final, cosa que podría ocurrir en mayo o junio. El pleno del CGPJ, con el respaldo de progresistas y conservadores, aprobó un informe que advierte al Gobierno que si no acepta los cambios que le exigen la aplicación de esta ley podría violar los derechos de los menores, dejar la puerta abierta a fraudes de ley e, incluso, vulnerar el derecho a la igualdad de las mujeres, que podrían sufrir situaciones de discriminación.

Aceptan la legalidad de la autodeterminación de género, la capacidad de las personas de cambiar su sexo en el Registro Civil con su solo deseo, sin la obligación actual de iniciar un tratamiento hormonal y que un psiquiatra avale la disforia de género, pero creen que es una potestad cuyo ejercicio debe limitarse a los transexuales mayores de 18 años y no a los de 14 o más, como ahora figura en el anteproyecto. Los adolescentes de 12 a 17 años, con la modificación que reclama el CGPJ, podrán cambiar su sexo en el Registro Civil, pero sería el resultado de una decisión judicial y no de la mera expresión pública y oficial de su libre albedrío. Un proceso en el que, además del deseo del menor y del apoyo de sus padres o del fiscal, el magistrado deberá comprobar la madurez del demandante y la firmeza de su pretensión.

La mayoría de vocales defiende que permitir la libre determinación desde los 14 años, sin comprobar la madurez «suficiente» del peticionario o que su transexualidad es algo «estable» y no un espejismo, no garantiza la protección especial que la ley otorga a los menores ni respeta la prevalencia de su interés superior. No cumple, añaden, la doctrina del Tribunal Constitucional para autorizar el cambio de sexo en adolescentes. De hecho, el informe final del Poder Judicial endurece incluso la propuesta de los tres vocales que actuaron de ponentes, que se conformaban con limitar la autodeterminación de género a los mayores de 16 años.

El CGPJ también pide al Ejecutivo en su dictamen otras cuatro modificaciones relevantes al anteproyecto.

Los vocales demandan que la hipotética reversión de la modificación del sexo en el registro no puede ser ni algo fácil ni un trámite ilimitado, como entienden que autoriza la redacción actual una vez que han pasado seis meses del cambio inicial. Debe ser, defienden, una opción «absolutamente excepcional», a autorizar solo por un juez y que solo debería permitirse en casos y condiciones muy concretos que la ley debe tasar de manera explícita.

La tercera reclamación pide medidas y cautelas legales para evitar que se produzcan situaciones de discriminación de la mujer tanto en las competiciones deportivas femeninas como en las pruebas físicas para procesos selectivos laborales o académicos. Entienden que eso es lo que puede ocurrir con la participación en igualdad de condiciones y sin limitaciones en estos ámbitos de quien ha transitado del género masculino al femenino, normalmente dotado de superioridad física.

En cuarto lugar, aplauden la persecución de las terapias de conversión destinadas a los ciudadanos LGTBI, que según el texto actual pueden acarrear multas de hasta 150.000 euros, pero señalan que debe excluirse la prohibición cuando sea el propio interesado quien consiente en realizarla.