Diario de León

La ley incluirá una baja posaborto y acota los casos del permiso menstrual

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La nueva ley del aborto, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Gobierno, incluye una baja para las mujeres que sufran una interrupción del embarazo, sea voluntaria o indeseada. La convalecencia, sin duración fija, busca paliar situaciones de incapacidad tanto física como anímicamente. Se suma a las dos bajas ya desveladas, una incapacidad temporal pionera en Europa para mujeres con menstruaciones muy dolorosas, siempre que tengan un diagnóstico de dismenorrea, endometriosis, quistes, etc. y la instauración de un permiso prenatal en la semana 39, justo siete días antes del fin del embarazo. La futura ley, promovida por el Ministerio de Igualdad, garantiza que la mujer que acude a abortar (elija quirúrgico o farmacológico) tenga acompañamiento especializado y que las autonomías creen centros de atención sexual y reproductiva que darán gratis la píldora del día después (cuesta 20 euros en farmacias). Las prestaciones que crea la norma tienen un coste de 104 millones al año, con el permiso prenatal (57 millones), la baja menstrual (24) y la licencia por aborto (7,8) como gastos principales.

Sin rebaja de la tasa rosa

Son 30 millones menos del cálculo inicial, pues no habrá IVA cero para compresas, copas y tampones —se cayó del borrador del equipo de Irene Moreno durante la negociación con Hacienda—, como también desapareció, en este caso por el ‘no’ de Justicia, la habilitación a los jueces para perseguir a las parejas españolas que contraten vientres de alquiler en otros países.

Los plazos no varían respecto a la ley de 2010. El límite para la interrupción voluntaria del embarazo son las primeras 14 semanas de gestación, pero permite la interrupción hasta la 22 si se dan malformaciones fetales o riesgo vital para la madre.

Sin permiso paterno

Revierte el cambio que el PP hizo en solitario en 2015. Las chicas de 16 y 17 años o con discapacidades ya no precisan de permiso paterno para poder abortar.

Sin periodo de reflexión

Suprime el período de reflexión de tres días, el tiempo que por ley debía esperar la mujer antes de ratificar su intención de abortar, dejará de recibir el sobre sellado con la información acerca de ayudas de apoyo a la maternidad.

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