La Ley Orgánica de la Eutanasia (Lore) no es una ley para minorías

El pasado día 6 del mes en curso, un diario nacional informaba acerca de unas declaraciones del actual líder de la oposición y aspirante a presidente del Gobierno de la nación, en las que aseguraba que, entre otras leyes promulgadas por el actual Gobierno, hará «ajustes» en la Ley de Eutanasia, porque es una ley «de minorías» que atenta contra las mayorías. El periódico se hacía eco de una entrevista emitida en el programa Más de uno de Onda Cero.

Disculpen mi atrevimiento intentando explicar el error en el que incurre el señor Feijóo, que anuncia que «cualquier cambio será dialogado, comentados y si es posible, pactado». Es una incógnita esa frase.

Veamos: en estos días celebramos, sí, celebramos el segundo aniversario de la puesta en marcha de una ley que nos otorga un derecho a todos y cada uno de los ciudadanos de este país, y no es otro que el derecho a morir dignamente si estamos inmersos en un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Es un derecho, pero nunca será una obligación para aquellas personas que estén en contra de ejercerlo, ya que la ley exige que sea el individuo doliente y capaz quien solicite libre y meditadamente, la prestación de la ayuda para morir.

Y las numerosas encuestas publicadas, antes, durante la tramitación de la ley y posteriormente, han demostrado de manera rotunda que la población está a favor de una intervención al final de la vida que acabe con un sufrimiento irremediable. Además del amplio consenso parlamentario que suscitó su aprobación, con la única oposición del Partido Popular y de Vox y de la escasa contestación generada a nivel social.

Todas las personas, absolutamente todas, estamos expuestas al sufrimiento y a la muerte. Y sus circunstancias no las podemos predecir. Por ello, decir que una Ley que ayuda a la buena muerte es minoritaria, es algo rayano en lo absurdo.

Cabe recordar aquí un párrafo extraído del libro Utopía, escrito por Tomás Moro, canciller del Reino de Inglaterra en el siglo XVI y canonizado por la Iglesia Católica en 1935. Entre los usos y costumbres de su país ideal describe:

....«Si la enfermedad es incurable y de mucho sufrimiento, los sacerdotes y magistrados confortan al paciente, haciéndole reparar que encontrándose inválido, siendo molesto a todo el mundo y a el mismo, tal vez sería preferible morir, a cuyo efecto, podría quitarse la vida el mismo o bien dejarse matar. Si el desahuciado es de la misma opinión, llega a debilitarse y a terminar por medio de ayunos, o bien, una vez dormido los médicos le quitan la vida sin hacerle sufrir; mas eso no se hace nunca sin haberlo discutido largamente, pues si el enfermo persiste en querer vivir, siempre hay quien se presta a sufrir las molestias de asistirlo en sus miserias, pues los ciudadanos de Utopía creen que ocuparse de aquella pobre gente es cosa honesta».

Tomás Moro nos habla en el mismo párrafo del consentimiento, cuidados paliativos y ayuda para morir.

La Lore ha sufrido en estos dos años muy diversos avatares, entre ellos ser recurrida por todos los parlamentarios de Vox ante el tribunal Constitucional, el cual el día 22 de marzo del presente año, rechazó las alegaciones presentadas, resaltando entre otros aspectos, que ante una situación trágica de sufrimiento extremo provocado por una enfermedad grave e incurable, la Constitución española ofrece apoyo «frente a una de las decisiones vitales —por más que extrema y fatal— de autodeterminación de la persona protegida por los derechos a la integridad física y moral, en conexión con los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad». Aseguran los ponentes que en una sociedad democrática el derecho a la vida no es un derecho absoluto, ni el Estado debe imponer una protección individual que vulnere la potestad anteriormente mencionada ni la obligación a mantenerse con vida frente a una situación contrastada como inaceptable.

Poco tiempo después, el mismo tribunal suspende una ley de la Comunidad de Madrid que impuso la obligación de solicitar autorización judicial para aplicar ayuda para morir a personas discapacitadas tuteladas. El Gobierno interpuso recurso al entender que la iniciativa incumplía la legislación civil estatal y recortaba derechos a las personas discapacitadas tuteladas.

Pero la Lore no sólo ha soportado avatares judiciales en estos dos años. Se ha podido constatar que existen 17 realidades en el desarrollo de la misma, tantas como comunidades autónomas hay en nuestra nación. Cada una de ellas camina de un modo diferente a las demás, con gran influencia de su propio marco político, porque las consejerías de Sanidad dictan sus normas e influyen en los nombramientos de los miembros de las comisiones de garantía y evaluación que finalmente deciden acerca de la prestación.

Ha habido retrasos, negativas a recoger las peticiones de ayuda para morir por parte de algunos sanitarios, con funestas consecuencias para los pacientes y sanciones para los profesionales que no atendieron las solicitudes, objeciones de conveniencia más que de conciencia. Ha habido desconocimiento y desconcierto inicial.

Pero poco a poco la Lore avanza, y contribuye a que tengamos presentes los dos objetivos de la Medicina del siglo XXI, que son la prevención y curación de enfermedades y ayudar a los pacientes a morir en paz, siendo esto último tan importante como evitar la muerte, según propuso Daniel Callaghan en la prestigiosa revista New England en el año 2000.

Debemos pues aspirar a que morir en paz no esté influenciado por el azar, que no dependa del lugar de residencia ni de la enfermedad que se padezca, sino que tengamos la certeza de que al final de nuestros días, y sean cualesquiera las circunstancias, podremos abandonar este mundo con la misma dignidad que hemos procurado que acompañe a nuestra biografía.

Abogamos por ello como organización, a constituir en todos los territorios nacionales, observatorios de muerte digna, como los ya existentes en Cataluña, Navarra y Asturias.