Los malos del carbón leonés

Estaba visto. Ya lo decíamos, hace una semana, en la nota de prensa que titulamos mentiras y más mentiras. La administración judicial decreta la paralización de otra explotación carbonera a cielo abierto —en este caso Nueva Julia— y tanto la Junta de Castilla y León como la firma Coto Minero Cantábrico acuden a los medios de comunicación interpretando el papel de víctimas desoladas.

Ahora, después de haber eliminado más dos mil puestos de trabajo directos en las minas, afirman estar muy preocupados por mantener el empleo. Devastan los montes y ocultan que serían necesarios muchos trabajadores para llevar a cabo las medidas compensatorias a que les obliga la normativa comunitaria. Ya en el 2001, la Comisión Europea se ve forzada a incoar un expediente por infracción del derecho comunitario pero transcurren diez años y ellos continúan haciendo caso omiso y actuando a la brava. Las medidas compensatorias exigidas habrían generado más de 100 empleos, durante estos diez años, al margen de las explotaciones (estas medidas estaban comprometidas por la JCyL con la Comisión Europea desde el año 2005). Este incumplimiento del derecho comunitario es la causa principal de que los tribunales emitan sentencias condenatorias una y otra vez. Pero ni a la JCyL ni al Grupo Alonso parece importarles.

Durante los últimos quince años, la Junta de Castilla y León ha consentido el cierre continuado de minas y pozos y la rebaja de plantilla desde los 2.000 trabajadores de 1997 hasta los apenas 400 actuales. Mientras tanto, el emporio de Victorino Alonso ha recibido casi 1.000.000.000 euros (¡mil millones de euros, sí!) en ayudas directas, sin que le fuera exigido a cambio el mantenimiento del empleo.

Tampoco a la administración regional parece preocuparle el empleo cuando permite que el Grupo Alonso deje sin restaurar espacios devastados como El Feixolín, Robledo o Sosas y tantas ruinas mineras e industriales, naves, escombreras, balsas tóxicas e ilegales y todo lo demás. Ahí habría un buen vivero de empleos capaz de generar bastantes más puestos de trabajo de los que se pierden en Nueva Julia. Curiosamente, la cifra de 100 trabajadores que, según la empresa (Diario de León, 02.02.2012) se ocupaban en esta explotación, pasaron a ser solo 64 dos días después (Diario de León 04/02/2012). Como siempre, tratando de engañar.

La Junta de Castilla y León y la empresa carbonera conocían desde el año 2006, cuando comenzaron los trabajos en Nueva Julia, que esta explotación no se ajustaba a la legalidad. Nosotros lo advertimos en más de una docena de ocasiones. La Comisión Europea también. Pero, como siempre, el Grupo Alonso se burló de todos, siguió actuando a la brava —este es ya su lema— e incluso ocupó varias decenas de hectáreas de terreno no autorizado, por lo que ya tiene otra causa judicial en marcha.

Lo de los juzgados, hasta el momento, no parece preocuparles. No en vano el cabeza visible de la empresa Victorino Alonso García es un experto en burlar y torear a la justicia. O eso parece creer él mismo dada su experiencia dilatada que pasa por tratar de evitar el pago de la pensión alimenticia de sus hijas, por la milagrosa aparición del dinero con que adquirió la empresa MSP, por la estafa a la antigua Unión Fenosa en la central térmica de La Robla, por las diversas escaramuzas con la Hacienda Pública que le llevaron a delegar formalmente la dirección de la empresa para que ésta pudiera continuar percibiendo subvenciones… y así hasta el infinito.

Últimamente, cuando le sale fallido un quiebro y recibe una cornada judicial, entonces recurre al argumento del empleo y la Junta de Castilla y León le apoya entusiásticamente. ¿Pero a qué concepto de empleo habría de recurrir la administración? ¿Al creado, al mantenido o al destruido? La destrucción de empleo y de capital natural es la gran hazaña de la industria carbonera a cielo abierto en Laciana y Babia.

Los resultados, tan esclarecedores, indican que, durante estos años, los responsables de minería de Junta de Castilla y León solo se han preocupado de allanar el camino para que un grupo empresarial fuera cebado con cantidades ingentes de dinero público. Nunca le ha exigido que aplicara las medidas compensatorias previstas por la ley y que hubieran requerido emplear a muchas personas en labores de restauración y saneamiento.

Ante este desolador panorama echamos en falta, de verdad, muy en falta, la responsabilidad social de los medios de comunicación. A veces se diría que algunos profesionales se conforman con dar por bueno todo aquello que las partes interesadas —JCyL y el Grupo Alonso— les cuentan, sin acudir a otras fuentes, sin dar la menor opción al espíritu crítico que debe presidir su labor. Y, últimamente, parece que los malos de esta película son los jueces, la Unión Europea y quienes ejercitamos nuestros derechos constitucionales. ¿Opina usted lo mismo?