Presupuestos 2022 y fondos europeos vistos desde una reflexión constructiva

Los Fondos europeos Next Generation de la Unión Europea serán los grandes protagonistas de la recuperación empezando por los presupuestos generales para el año 2022 cuya tramitación parlamentaria se inicia ahora, pero toda rosa tiene sus espinas... ¿Tiene España garantizada la llegada de estos fondos? ¿Estamos realmente listos para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR)?

El primer lugar, la aprobación del PRTR mediante la decisión de ejecución del Consejo de la UE de 13 de julio de 2021 tras la recomendación positiva de la Comisión Europea, no garantiza la llegada de los fondos sin una ejecución correcta de los proyectos de inversión contenidos en dicho plan. Lastrados por la tradicional mala absorción de fondos europeos por parte de España y con una pobre ejecución de proyectos del propio PRTR en 2021, se inicia ahora un periodo crucial 2022-2023 sometido al escrutinio y la evaluación permanente de la Comisión Europea y de los halcones del Consejo de la UE que determinará el futuro de los fondos ya que, como recuerda el propio gobierno, ‘todas las transferencias deberán estar movilizadas antes del 31 de diciembre de 2023’1.

En segundo lugar, y asumiendo que las administraciones regionales y locales, por un lado, junto al sector privado, por otro, deberán ser los grandes gastadores de estos fondos europeos, uno se pregunta si esta enorme tarea colectiva nace con paso firme viendo lo que está pasando sabiendo que el plan se elaboró desde el Gobierno sin una consulta material a las administraciones autonómicas, entes locales y sociedad civil.

Primero: ¿dónde está el PRTR? Incomprensiblemente, en la fecha de redacción de estas líneas, la Comisión Europea sigue denegando el acceso al PRTR presentado por España y aprobado por la UE hace tres meses. Esta denegación a una solicitud cursada en base a la legislación UE2 resulta inquietante por cuanto la razón que esgrime Bruselas estriba en la negativa del propio gobierno español a revelar esta información. ¿Cómo se puede apelar retóricamente al esfuerzo colectivo de todos negándose a revelar el contenido del PRTR? ¿Qué parte de ese plan le resulta incómodo enseñar?

El acceso al contenido íntegro del plan no sólo es un derecho inalienable de cualquier ciudadano en una sociedad democrática y transparente sino que resulta imprescindible para entenderlo y aprovechar las oportunidades que ofrece.

Segundo: administraciones autonómicas y entidades locales, relegadas al papel de ‘recaderos’ de los fondos. Tras haberlas privado de una verdadera consulta durante la elaboración del PRTR, el Gobierno, en el anexo I de la reciente orden ministerial HFP/1030/2021 de 29 de septiembre sobre el sistema de gestión del plan relega a autonomías, diputaciones y ayuntamientos, reservando el papel de «entidades decisoras» a la administración estatal (concretamente, a los ministerios). Como ya ha ocurrido con la redacción de los «componentes» del PRTR de la cual han estado ausentes las comunidades autónomas, éstas seguirán ignoradas a la hora de decidir sobre el desarrollo de estos «componentes» en «medidas» y «proyectos» limitándose a ser, literalmente, meras «entidades ejecutoras de subproyectos» sin capacidad de decisión alguna. ¿Es ésta la cogobernanza promovida desde el Gobierno? ¿Se están respetando las competencias de administraciones autonómicas y entidades locales sabiendo que hay áreas en el PRTR de su competencia exclusiva o compartida?

Tercero: ¿cómo participar en los Pertes? Presentados como una de las joyas de la corona del PRTR, el acceso y participación en los Pertes (Planes Estratégicos de Recuperación, Transformación y Resiliencia) de administraciones autonómicas, empresas (pymes, en particular) y sociedad civil, sigue siendo un misterio. El único Perte aprobado hasta la fecha es el VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), estando otros tres «en estudio»: aeroespacial, cadena agroalimentaria y medicina personalizada.

En cuanto al Perte VEC, ni el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio con sus dos anexos, ni los resúmenes ejecutivos, memorias descriptivas, seminarios online, etcétera, revelan la operativa de participación de comunidades autónomas, empresas y sociedad civil (por ejemplo, Castilla y León cuenta con un importante tejido industrial en el sector del automóvil). Ni siquiera se ha abierto el Registro Nacional de Pertes previsto en el real decreto-ley 36/2020, de 31 de diciembre de 20203. De una lectura detallada de todo el material disponible, nunca la comunicación institucional alcanzó un grado más alto de retórica y arrojó tan poca luz sobre cómo se va a ejecutar, cómo se puede participar y en qué se gastará el dinero.

Las instituciones de la UE se encargarán de vigilar la ejecución del PRTR, controlando cuestiones tales como el cumplimiento de la legislación europea de contratación pública de las empresas participantes, la aplicación de las normas sobre ayudas de estado o el cumplimiento del principio de non significant harm .

Y cuarto: ¿en qué consiste la colaboración público-privada? De manera parecida a los Pertes, el gobierno no ha explicado en qué consiste esta fórmula mágica de involucrar a la sociedad civil en un proyecto de la magnitud del PRTR4.

La eficiencia energética a través de la renovación de edificios, la economía circular o la digitalización, solo por nombrar algunas, son áreas propicias para algo más que el simple diseño de convocatorias y su publicación en concurrencia competitiva (que, en muchos casos, quedarán desiertas) y la correspondiente adjudicación al mejor postor.

Despachar a millones de pymes, asociaciones y fundaciones invitándolas a consultar en internet el Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones y Ayudas Públicas no ayudará a ejecutar los fondos como quiere la UE. Brillan por su ausencia los espacios innovadores para esa colaboración público-privada que movilicen a la sociedad e impulsen la demanda desde la promoción institucional, creando nuevos puestos de trabajo, atrayendo a las mejores tecnologías para conseguir un verdadero efecto tractor.

Muchos sectores de la sociedad civil organizada se han movilizado a lo largo de 2020 y 2021, atraídos por la música de las manifestaciones de interés y las nuevas vías de participación, pero empieza a cundir el desánimo incluso en las propias administraciones públicas autonómicas, provinciales y locales deseosas de explorar estas nuevas vías pero sobre las que, hasta la fecha, se carece de la mínima información e intenciones del Gobierno.

¿En esto consistía el plan de recuperación como reto más importante de nuestra historia reciente? ¿Son éstas las alforjas para el viaje al que nos convoca el gobierno con más retórica política que información práctica?

La sociedad española tiene derecho a algo más que practicar un dogma de fe con el plan de recuperación. Por interés general (salida de la crisis) y por interés práctico (la correcta ejecución y absorción de los fondos), algo debe cambiar y rápido en este estado de cosas.