El PSOE forzará el consenso para precintar el lavadero Alicia

Veinte días después del precinto del lavadero Alicia de Victorino Alonso por la falta de licencias, el alcalde de Fabero está dispuesto a que se haga efectivo el cierre cueste lo que cueste. Pero no lo hará sin consenso político.

Por esta razón el grupo socialista presentará el próximo lunes al Pleno de la Corporación una moción a través de la que se abordará la suspensión y clausura de la actividad en la planta de tratamiento de carbón.

El propósito es que todas las formaciones con representación en la asamblea local, IU, Mass y PP, secunden el texto de la misma. En la moción, en términos generales, lo que se recoge es una petición directa de un lado a la Junta de Castilla y León y de otro a la Subdelegación del Gobierno de León para que aporten los medios y efectivos necesarios para que se haga efectivo el cierre de las instalaciones de la empresa Uminsa, perteneciente al grupo Victorino Alonso.

Esto supondría el envío de fuerzas de seguridad del Estado para obligar al empresario a respetar el precinto, que se ha convertido en un simple papel mojado desde que el pasado día 1 de este mes agentes de la Policía Municipal lo trasladaran al complejo industrial faberense.

Desde entonces, el grupo Victorino Alonso no ha dejado de suspender su actividad ni un sólo minuto. Al debate plenario del lunes se volverá a llegar bajo la amenaza del empresario de echar a la calle a decenas de trabajadores cuya labor está vinculada directamente a la operatividad del lavadero Alicia.

La coalición Izquierda Unida (IU), que fue la que presentó una denuncia por presunta prevaricación contra el alcalde por permitir que el lavadero funcione sin licencia, considera que la compañía utiliza a la plantilla de forma chantajista para no cumplir con la legalidad establecida. El conflicto, además, conecta con el retraso en el pago de las nóminas por parte de la empresa a los trabajadores de Uminsa.