fabero
El centro de discapacitados, que costó 4,3 millones, cumple tres años cerrado
IU impulsa una iniciativa para que el Imserso rescinda el convenio gestor con Cáritas
La fachada del centro de grandes discapacitados de Fabero, que sigue sin tener ningún tipo de uso.
El centro de grandes discapacitados de Fabero, promovido el Gobierno central, estaba llamado a convertirse en un referente asistencial dentro de la provincia de León y también en un fuerte mecanismo empleador para la cuenca minera. En el proyecto, cuya construcción estaba lista a finales del 2007, se invirtieron 4,3 millones de euros. Sin embargo y pese a que el 14 de enero del 2008 el propio ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la entonces secretaria de Estado de Servicios Sociales, la faberense Ámparo Valcarce, anunciaron que se pondría en funcionamiento en cuestión de semanas, la cruda realidad es que han transcurrido ya tres años y las puertas del centro se mantienen cerradas a cal y canto.
El edificio debería albergar un centro de día con capacidad para 25 plazas, así como una residencia con otras 50 plazas para grandes discapacitados y servicios complementarios. Además de dos millones de euros procedentes del Plan del Carbón para su equipamiento, la Diputación provincial destinó 127.000 euros para la urbanización del entorno del complejo y el propio Ayuntamiento faberense contribuyó con 50.000 euros.
Pero desde el punto de vista administrativo, desde que el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales cediera el centro a Cáritas Diocesana de Astorga para su gestión, nada más se ha sabido de las perspectivas para el comienzo de la actividad asistencial del mismo.
Bajo este panorama desolador, no sólo desde el prisma sociolocal sino también en cuanto a las expectativas de atender la demanda de plazas residenciales para personas dependientes, los representantes de IU en el Ayuntamiento de Fabero anunciaron ayer mismo la presentación de una moción para tratar de desbloquear el proyecto.
Al ministerio. La coalición, principal grupo de la oposición en el consistorio, pretende que el gobierno municipal impulse en primer lugar la rescisión del convenio con Cáritas al entender que esta organización ha incumplido claramente sus compromisos. Y luego que sea el propio Imserso el que realice la gestión directamente para que el centro de grandes discapacitados se abra lo más pronto posible. En este procedimiento, no obstante, se pretende dar voz además del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León y la propia Cáritas Diocesana.