Sindo Castro reclama en la Audiencia un nuevo juicio del caso del hormigón
El abogado de la víctima presenta el recurso y urge que se valoren pruebas claves
Sindo Castro, declarando en el juicio de Ponferrada, con Villanueva, Melcón y los hermanos Pintado.
Sindo Castro, el empresario leonés del sector del hormigón, que recibió hasta nueve sabotajes con incendios y explosivos en sus bienes entre 1996 y 1999, ha formalizado a través de su abogado el recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Penal de Ponferrada del pasado 11 de febrero, en la que se absuelve a los cinco imputados en el caso, incluido su competidor directo, el también industrial José Martínez Núñez. Pero, su recurso va más allá y solicita a la Audiencia Provincial de León que celebre un nuevo juicio por lo sucedido y decrete la nulidad del dictamen judicial firmado en Ponferrada por el magistrado de lo Penal número 1, Óscar Hernáiz.
El recurso de Sindo Castro y Hormigones Sindo Castro S.L. contra la absolución de los hermanos Timoteo y José Manuel Pintado Palomo (propietarios de la agencia D-™Ajenti), José Villanueva González y Gustavo Alonso Melcón (acusados como presuntos ejecutores de los sabotajes) y del citado empresario de la competencia como presunto inductor, está articulado a lo largo de 51 folios por el abogado de la acusación particular, Rafael Nieto. Éste concluye que los motivos de su recurso y de la petición de nuevo juicio en la Audiencia son «múltiples y de diferente calado», y destaca que se reconducen a «graves vicios de nulidad de la sentencia dictada». Los hay «de forma y de fondo» -"a su entender-", pero todos asentados en «una irracional o gravemente errónea valoración de la prueba de cargo». Por eso, según el mismo letrado, toda esta apelación lleva como fin obtener una «resolución que sea respetuosa con los derechos fundamentales conculcados».
Cuatro motivos de nulidad. En los 51 folios del recurso se estipulan varios motivos que debería dar lugar a la celebración del nuevo juicio, pero el abogado de Sindo Castro los reduce sintéticamente a cuatro. El primero, considera la nulidad de la sentencia por un defecto competencial del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada y por omisión de trámites esenciales. Rafael Nieto estima que se ha dictado sentencia pese a incluirse en el trámite de calificaciones definitivas un delito de tenencia ilícita de explosivos. Esto, excede a su entender de las competencias del Juzgado de lo Penal, que debería haber remitido las actuaciones a la Audiencia.
El segundo motivo de nulidad se fundamenta precisamente en declarar nulas las escuchas telefónicas decretadas en su día por los jueces de instrucción. Nieto las considera del todo válidas y eficaces, y por lo tanto, vinculantes. Recuerda que el magistrado Hernáiz decretó la nulidad de estas pruebas en base a un auto del 22 de diciembre del 2004 y de la ausencia de indicios, pero dicho auto, dictado por la jueza anterior de lo Penal, fue anulado por la Audiencia el 6 de abril del 2006, por lo que el mismo carece de validez.
El tercer motivo aducido por la acusación particular se centra en lo «irracional» o «error patente» del ponente de la sentencia, al no valorar el cuadro probatorio de las acusaciones y «silenciarse sin justificación» una serie de pruebas claves en el proceso. Entre ellas, cita la confesión extrajudicial de Villanueva González, grabada por la policía con autorización judicial. También la confesión extrajudicial de la carta del fallecido Rafael Wolfrang (aparecido muerto en un piso de León), así como los testimonios de varios guardias civiles y policías, junto con el informe final de inteligencia policial, de fecha 24 de enero del 2000. También alude a la «falsedad» de las versiones exculpatorias de José Manuel Pintado en aspectos claves y al «silencio» de los acusados Martínez Núñez y Timoteo Pintado.
Finalmente, se apunta en cuarto lugar que la sentencia no está fundada, «tanto fáctica como jurídicamente», y estima el abogado que incurre en el «vicio de incongruencia», al omitir resolver cuestiones esenciales y determinantes del fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada.
A la hora de solicitar la revocación de la sentencia, el abogado de Sindo Castro la califica de «injusta» y «no ajustada a la realidad procesal», y dice que un nuevo juicio es necesario «para evitar que hechos tan graves y lamentables, -"que causaron alarma y consternación y en los cuales pudieron estar implicados agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad-", no se puedan reproducir nunca más en este país».