La ley estipula penas de cárcel y multas de hasta dos millones

«La Junta de Castilla y León tiene la intención de personarse como acusación si al finalizar la investigación se determina que se trata de un delito», apuntan en la nota remitida desde el Ejecutivo autonómico. El oso pardo es una especie protegida y declarada en peligro de extinción, por lo que su muerte podría llegar a implicar una pena de cárcel. Según la ley, la muerte o el deterioro de las especies que cuentan con esta catalogación conlleva sanciones que van de los cinco mil a los 200.000 euros si la infracción es grave y de 200.000 a dos millones si la tipificación es muy grave.

La Fundación Oso Pardo tampoco descarta presentar una denuncia, en el caso de que la investigación concluya que se ha cometido un delito. «Si aparece enterrado muy natural no parece, pero esperaremos a ver qué resuelve la investigación y cuáles son las causas de la muerte», apuntó el coordinador de Proyectos de la Fundación Oso Pardo, José Luis García.