Sebastián y Herrera asumen la misión de salvar a la eólica LM de la deslocalización

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el presidente de la Junta de Castilla y León, están dispuestos a poner a funcionar las maquinarias administrativas de sus departamentos para tratar de frenar la deslocalización que se cierne sobre la fábrica ponferradina de la multinacional danesa de palas eólicas LM Wind Power. Esa es la impresión que ambos transmitieron ayer a los miembros del comité en un encuentro sorpresa a las puertas del Parador de Villafranca. Cuando los trabajadores que se congregaron a la llegada de la comitiva habían abandonado ya la esperanza de una reunión con los dos políticos, éstos abandonaron discretamente el cóctel inaugural para pulsar la preocupación tanto del presidente del comité, Gabriel Garnelo, como del portavoz de CC.OO., Ursicinio Sánchez, por el futuro de la eólica. Los sindicalistas, con el delegado territorial de la Junta, Eduardo Fernández, como mediador, explicaron a Sebastián y a Herrera que la compañía está derivando incluso a los clientes que acuden a la planta hacia otra que posee en Castellón y aún más allá a una segunda fábrica en Polonia.

Con gestos bastante circunspectos tanto el ministro como Herrera se comprometieron al menos a profundizar en el problema de la posible desmantelación, que por ahora aún afecta a los 200 empledos que resisten en la fábrica de Santo Tomás tras los sucesivos expedientes de extinción y bajas incentivadas.

Hoy visita y luego reuniones. El ministro de Industria se comprometió a recibir en breve al comité de empresa en su despacho en Madrid. Y hoy mismo la jefa de la oficina territorial de Trabajo realizará una inspección a la planta del polígono de La Llanada a propósito de las denuncias sobre el intento del traslado de moldes para la confección de palas a otros centros de trabajo de LM. El presidente de la Junta añadió que durante la semana que viene concertará sendas entrevistas con los directores generales de Trabajo y de Industria para que se aborden iniciativas tendentes a detener cualquier intento de cierre de una industria que llegó a ocupar a 1.200 operarios. Tanto Garnelo como Sánchez pidieron al ministro que recabe información directa de la dirección de la compañía sobre sus planes.