BEMBIBRE
El PP lleva a Rey a la Fiscalía por firmar el pago de nichos sin construir
El alcalde cita un informe del secretario en el que aprecia «presunta actuación ilícita».
El alcalde Manuel Otero con los documentos del pago, ayer junto al portavoz municipal del PP.
El caso de los nichos no construidos en Bembibre se verá en los juzgados por partida doble, al confirmar ayer el equipo de gobierno del PP que ya tienen en su poder el informe oficial del secretario del Ayuntamiento, «en el que se hace constar que hay indicios de una presunta actuación ilícita» en la conformidad que el ex concejal socialista del cementerio, Manuel Ángel Rey, dio a una factura por importe de 19.487 euros sobre una obra no realizada. Las vacaciones del secretario municipal retrasaron —apuntaban los responsables de gobierno municipal— la elaboración de ese informe que es preceptivo, «lo que impidió presentar el caso a la Fiscalía con anterioridad».
El portavoz municipal del PP, Roberto Enrique Fernández, puntualizaba sobre este tema: «Nosotros no hemos hablado en ningún caso de delitos, nos hemos referido a hechos constatables y esos son que después de presentarse en enero los dos presupuestos, el siguiente documento que aparece en el Ayuntamiento es una factura conformada por el señor Rey, el ocho de junio, por el importe más caro. No entro en otras cosas. Conformar una factura es decir que ese servicio está hecho».
Las justificaciones alegadas por Rey sobre la no realización de los trabajos hace, a la vista de Fernández, más grave la actuación: «Si ahora dice que no se pudieron hacer porque faltaban unos trabajos previos, todavía pone en peor situación al concejal que dio el conforme a sabiendas de que no se podían hacer los nichos y conformó la factura».
El alcalde, el popular Manuel Otero, presentó la factura firmada por Rey, por importe de 19.487 euros. «Como se ve —indicaba a los periodistas— no consta absolutamente nada más que el suministro de 45 nichos por ese importe, el sello de conforme y la firma del señor Rey».
Los responsables municipales señalaban que la factura fue abonada en noviembre, «dentro de un paquete de 42 facturas conformadas por el anterior equipo de gobierno, porque se entiende que conformar una factura es confirmar la realización de los trabajos. Lógicamente ni el interventor, ni el alcalde, ni otro funcionario, puede andar comprobando que las facturas certificadas con firma han sido debidamente realizadas». Para los responsables municipales «la irregularidad imputada a Rey está en el conforme de esa factura. Nadie salvo él ha hablado de delitos, que para eso están los juzgados», y en ese sentido informaban que la Junta de Gobierno aprobó llevar el caso a los juzgados con el informe de Secretaría.