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León

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Aún cuando el proceso judicial se prolongó durante seis años, desde el 2006 hasta este 2012, a efectos prácticos ha ido sobre ruedas para los intereses de la mujer afectada. De hecho, según han confirmado fuentes próximas al Ayuntamiento, la indemnización millonaria de los 129.000 euros ya fue saldada. Eso sí, lo ha puesto la firma aseguradora con la que el consistorio contrató la póliza de responsabilidad patrimonial. Precisamente la ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen Local, en su articulado número 54, es en lo que se fundamenta el planteamiento judicial para presentar esta reclamación. La citada disposición legal establece la responsabilidad directa de los ayuntamientos por los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

La ley indica en este caso que los afectados tendrán derecho a una indemnización «siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos». También matiza que no todo daño que produzca la Administración es indemnizable, «sino tan sólo los que merezcan la consideración de lesión».

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