El alejamiento del celador devuelve la «tranquilidad» a vecinos y ecologistas
La Junta trabaja para buscarle un nuevo puesto de su categoría cuanto antes.
El incendio de Porcarizas arrasó con 305 hectáreas.
Los vecinos y las asociaciones ecologistas —Fundación Oso Pardo y Ecologistas en Acción— que se han personado como acusación en el caso del celador de la reserva de Ancares acusado de quemar 305 hectáreas han recuperado la «tranquilidad» después de que la Audiencia provincial de León emitiera una orden de alejamiento que impide a Alberto García estar a menos de 500 metros de un monte de utilidad pública. La Junta que fue quien recurrió a la Audiencia para conseguir la orden de alejamiento y la suspensión en funciones del celador, está buscando ahora una nueva ubicación laboral, que se adapte a su categoría y en la que se cumpla la distancia requerida por la orden. Desde la Junta precisaron que se trabaja para que la medida pueda aplicarse cuanto antes. Además del Ejecutivo autonómico, el Ministerio Fiscal también está personado como acusación.
«La gente no lo quería cerca del pueblo y se oponían tajantemente. Se ha cumplido el objetivo», comentó el alcalde de Peranzanes, Vicente Díaz, ya que el presunto autor del incendio obtuvo una plaza administrativa en ese municipio cuando ya había sido suspendido de sus funciones por la Junta. La alcaldesa de Villafranca, Conchi López, en cuyo municipio se produjo el accidente, se manifestó de forma similar a Vicente Díaz: «Los vecinos están contentísimos y mucho más tranquilos, porque no querían que regresara a la zona».
Alarma social
Por su parte, desde la Fundación Oso Pardo se precisó que se estima «muy positiva» la orden de alejamiento del monte de Alberto García, «por ser una medida provisional oportuna y porque la posibilidad de que el celador volviese a desempeñar funciones en estos montes había provocado una gran alarma social entre las juntas vecinales y el público en general». Además, en junio se confirmó que el celador, en caso de que hubiera continuado en su puesto, formaría parte de las cuadrillas antiincendios de la Junta.
El abogado de las asociaciones ecologistas lideradas por Ecologistas en Acción, Simón López Quero, también consideró «justa» la medida, porque «un presunto incendiario no puede estar vigilando los montes cuando hay indicios suficientes». López Quero señaló la presión que existe sobre los vecinos de la zona, que ahora recuperan la calma y la tranquilidad.
El abogado recordó que Alberto García será juzgado por un jurado popular en León y que aún están pendientes de que se presenten algunas pruebas que están solicitadas.