El Ministerio siembra dudas sobre la segregación de juzgados en Ponferrada

«No existe un no definitivo. Depende de cómo funcionen los (nuevos) tribunales de instancia y de la evolución del gasto». Es la respuesta que ayer ofreció ayer en Ponferrada el director general de Relaciones con la Administración de Justicia Ricardo Gonzalo Conde Díez cuando este periódico le preguntó por las posibilidades de que el Gobierno ratifique en breve la separación de jurisdicciones para los juzgados bercianos, aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Conde Díez, el primer alto cargo del Ministerio de Justicia que visita Ponferrada en años sembró ayer dudas sobre la puesta en marcha de las jurisdicciones separadas en Ponferrada —los actuales ocho juzgados de primera instancia e instrucción se convertirían en cinco de primera instancia y tres de instrucción, permitiendo una mayor especializaciones de los jueces—.

Todo dependerá del dinero con el que cuente el Ministerio de Justicia tras los recortes presupuestarios, pero también del éxito de los llamados tribunales de instancia con los que la administración trata de simplificar el sistema judicial.

Se trata de tribunales que están sustituyendo progresivamente a los actuales órganos judiciales unipersonales, dentro del esquema de la nueva Oficina Judicial, y con los que se pretende asignar servicios y medios en función de las necesidades concretas de cada juzgado. Los servicios que antes asistían a los juzgados por separado, estará ahora a disposición del conjunto de jueces integrados en un tribunal de instancia. El nuevo órgano permitiría incrementar el número de jueces con independencia del resto de personal que los asiste en un intento de agilizar la administración de justicia y reducir costes.

Las palabras de Conde Díez vinieron a confirmar la preocupación que el todavía juez decano en funciones, Óscar Hernáiz, expresó a finales de diciembre, cuando se supo que el CGPJ había aprobado la separación de jurisdicciones. Hernáiz, que ayer ejerció de anfitrión de Conde Díez, ya advirtió entonces de que el Ministerio no se pronunciaría de forma inmediata sobre la segregación de juzgados, a la espera de conocer el escenario con el que se encuentra con las nuevas reformas. El magistrado reconocía que lo que hasta entonces era un trámite —la ratificación del Ministerio de una medida aprobada por el CGPJ— se había convertido en «el peldaño más importante».