El fiscal pide cinco años de cárcel para el celador por el incendio de Los Ancares

Cinco años de cárcel como autor de un delito de incendio forestal intencionado y el pago de una indemnización a la Junta de Castilla y León por daños y perjuicios y gastos de extinción por valor de 295.000 euros. Es la condena que pide el Ministerio Fiscal al juez para Albergo G.G, el celador de la Reserva de Caza de Los Ancares acusado de prender el monte en Porcarizas (Villafranca del Bierzo) el pasado 17 de octubre de 2011.

El fiscal, que también solicita que se le imponga al celador una multa de 18 meses por un importe de 5.400 euros, considera un agravante que el fuego afectara un espacio protegido y ha solicitado la pena máxima por un delito de incendio forestal que contempla el Código Penal.

El escrito de acusación ya está en manos de la Junta de Castilla y León, personada como acusación particular, y el juez instructor también tiene constancia de él, según confirmaron a este periódico fuentes próximas al caso. En los próximos días, será notificado a la defensa y a las acusaciones populares.

Las declaraciones de los distintos testigos que vieron el vehículo oficial que supuestamente conducía el celador en la zona donde comenzaron las llamas a las 15.45 horas, han llevado al fiscal a considerar que existen suficientes pruebas como para condenar a Alberto G.G. Determinar la hora en la que se produjo el incendio también ha sido básico para que el Ministerio Fiscal pida la pena máxima, aunque el celador declarara ante el juez que en ese momento se encontraba tomando un café con una vecina de Villar de Acero. El fuego, según el escrito del Ministerio Fiscal citado por Radio Bierzo, comenzó debido a un «mecherazo».

Albergo G.G. también ha sido denunciado por Ecologistas en Acción, una de las partes personadas, por aportar supuestos testigos falsos en un intento de construirse una coartada. El celador, que fue detenido pocos días después del incendio, permanece en libertad bajo fianza de 10.000 euros con la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Recientemente, el juzgado que ha instruido la causa ha prohibido al celador salir de España y le ha ordenado entregar el pasaporte por entender que existe riesgo de fuga. Albergo G.G. había solicitado al juzgado que modificara sus comparecencias para viajar a Suiza y asistir al parto de su hija. El juez, sin embargo, ha entendido que el celador podía aprovechar el arraigo familiar en el país helvético para no regresar a España y tratar de eludir la acción de la justicia.

El juzgado número ocho de Ponferrada, una vez que reciba las peticiones de las partes personadas, decidirá si procede que un jurado juzgue al celador en la Audiencia Provincial.