Ecologistas pide 18 años de cárcel para el celador de Los Ancares

Dieciocho años de cárcel por un delito de incendio forestal continuado con agravantes y una indemnización de 295.000 euros a la Junta de Castilla y León por daños, perjuicios y gastos de extinción —la misma que solicita el fiscal—. Esta es la condena que ha pedido Ecologistas en Acción para el celador de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares acusado de prender más de 300 hectáreas en los montes de Porcarizas (Villafranca del Bierzo) el 17 de octubre del 2011. Asimismo, este colectivo, cuyo abogado representa igualmente a otros cuatro grupos ecologistas menores, ha solicitado también el pago de diez euros al mes durante dos años en concepto de multa.

Los 18 años de prisión que pide Ecologistas en Acción distan mucho de los cinco que han pedido tanto el Ministerio Fiscal como la Fundación Oso Pardo. Los argumentos esgrimidos por el letrado Simón López Quero son claros y concisos. Entiende que se dan cuatro agravantes distintos que elevan la pena exigida. Por un lado, López Quero defiende que el delito de incendio fue continuado, pues —explica— Alberto G. G. no provocó dos fuegos en dos frentes diferentes y en un breve espacio de tiempo, afectando también a montes de Villar de Acero y Campo del Agua. A ello, el abogado añade que el celador puso en peligro la vida de personas, pues el incendio obligó a activar el nivel 2 de emergencia. Entiende, además, que el hecho de que el acusado ostentara un cargo público que le daba acceso ilimitado a un monte que conocía milimétricamente debe ser considerado también un agravante. Por último, la zona afectada por las llamas es un espacio protegido.

«Cuando hemos solicitado los 18 años de cárcel ha sido con el Código Penal en la mano, contemplando cada una de las circunstancias descritas, sobre todo la cuestión de incendio continuado y el peligro que supuso para la población, además de haber afectado a una zona con dos tipos de protección, LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves», especificó el letrado.

Lo que no ha hecho de momento Ecologistas en Acción es pedir la inhabilitación del celador para que, en caso de ser condenado, no pueda reincorporarse a su puesto de trabajo una vez salga de prisión. No obstante, López Quero apunta que no descarta hacerlo. «Nosotros no lo hemos pedido, pero esto es una calificación popular y cuando se celebre el juicio ya lo modificaremos si lo creemos conveniente», afirmó.

En este punto, sólo falta por conocer la calificación de la Junta de Castilla y León, la cuarta de las acusaciones particulares personadas en el caso del celador de caza Alberto G. G, que a día de hoy está en la calle tras el pago de una fianza de 10.000 euros y con la obligación de presentarse ante el juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada los días 1 y 15 de cada mes, sin poder además abandonar el país.