La Junta sigue la línea del fiscal y también pide cinco años de cárcel
La última de las acusaciones particulares contra el celador de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares acusado de incendio forestal en pronunciarse públicamente también lo ha hecho ya y ha seguido la misma línea que el Ministerio Fiscal. La Junta de Castilla y León pide cinco años de prisión para Alberto G.G. y una indemnización cercana a los 300.000 euros por daños, perjuicios y gastos derivados de la extinción de un fuego que se declaró el 17 de octubre del año 2011 y quemó más de 300 hectáreas de terreno en los montes de Porcarizas, Villar de Acero y Campo del Agua.
«Pedimos lo mismo que la Fiscalía, manteniendo así la coherencia que hemos seguido durante todo este proceso», manifestaron fuentes de la Administración autonómica, sin detallar, eso sí, si su calificación va más allá y, al igual que el fiscal, contempla también la solicitud de una multa de 5.400 euros a pagar en 18 mensualidades. La Junta considera que las pruebas para condenar al celador son irrefutables, sobre todo las declaraciones de los testigos oculares que aseguraron haber visto el coche del celador en las inmediaciones del lugar donde se declararon las llamas y el hecho de haber podido determinar la hora exacta del origen del fuego. Por ello, pide la pena máxima para un delito de incendio forestal.
Una pena similar a la que ha pedido también la Fundación Oso Pardo pero muy lejana a la exigida por Ecologistas en Acción, que ha fijado en 18 años la condena por considerar que el delito de incendio fue continuado —se produjeron dos focos distintos en un breve espacio de tiempo— y existir agravantes, como haber puesto en peligro la vida de personas —el fuego fue declarado de nivel 2—, afectar a un espacio protegido y ostentar el acusado un cargo público.
Ahora debe ser la defensa de Alberto G.G. la que califique y con su propuesta seguirá adelante el proceso judicial instruido por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Ponferrada, que decidirá si eleva el caso a la Audiencia Provincial, donde un jurado popular debería juzgar al celador, en libertad bajo fianza de 10.000 euros.