El Gobierno aprueba el plan hidrológico de la Miño-Sil con 1.564 actuaciones pendientes
El río Sil, a su paso por el centro de Ponferrada.
El Consejo de Ministros ha aprobó ayer el plan hidrológico de la parte española de la cuenca del Miño-Sil, que también involucra a Portugal, y en la que se identifican 278 masas de aguas superficiales, seis masas de aguas subterráneas y un presupuesto de 988 millones de euros para acometer hasta 1.564 actuaciones para mejorarlas. Esta es la primera planificación de una demarcación hidrográfica de competencia estatal aprobada hasta la fecha a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En una nota de prensa, el ministerio destaca que «se avanza así en el proceso de planificación hidrológica en las cuencas hidrográficas, la coordinación de todos los intereses territoriales y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (UE) y de la Ley de Aguas que la traspone en España».
La cuenca Miño-Sil es en la que se inscribe la mayor parte de los cursos de agua tanto del Bierzo como de la comarca de Laciana. Con este nuevo documento, son diez los planes de cuenca impulsados por el actual gobierno, cinco aprobados ya por Real Decreto, (Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas).
«El objetivo del Gobierno es aprobar los planes de cuenca de las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias) este año e impulsar que en el mismo plazo se apruebe el mayor número de planes de las cuencas intracomunitarias, de competencia autonómica», recalca el comunicado, en el que se recuerda que las proyecciones hidrológicas debían haberse completado en 2009, fecha límite fijada por la normativa Unión Europea, a riesgo de sanción.
La red hidrográfica Miño-Sil contempla 278 masas de aguas superficiales, de las que 196 se encuentran en buen estado, 78 no alcanzan el buen estado y cuatro no han podido ser evaluadas. Define seis masas de aguas subterráneas (una no alcanza el buen estado) y prevé hasta 1.564 actuaciones, con un importe aproximado de 988 millones, para «mejorarlas».
Además establece un nuevo régimen de caudales ecológicos para todas las masas de agua superficiales, que deberá de ser respetado en las concesiones que se otorguen para diferentes usos.