Un acusado por estafa queda en libertad al expirar el plazo para el juicio
La prórroga del plazo máximo en prisión provisional sólo es posible cuando se dan unas circunstancias excepcionales, que no se cumplen en este caso
El titular del Juzgado número 5 de Ponferrada (León) ha decretado libertad para el constructor Faustino Pérez, tras dos años en prisión provisional acusado de un delito de estafa, tras huir en 2008 con el dinero adelantado presuntamente por una treintena de familias por la compra de casas.
El juez ha tomado esta decisión al haberse cumplido el plazo máximo que estipula la ley para tener a un imputado en prisión provisional a la espera de juicio, ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La prórroga del plazo máximo en prisión provisional sólo es posible cuando se dan unas circunstancias excepcionales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no se cumplen en este caso, según explica el juez en un auto.
En concreto, se refiere al tiempo que reste para la celebración del juicio, la posibilidad de que el acusado destruya pruebas o el riesgo de fuga.
El magistrado argumenta, según ha explicado el Tribunal Superior, que no ha terminado la investigación, dado que faltan por realizar diligencias que ha solicitado el Ministerio Fiscal y que no se sabe cuándo se acabarán.
Además, tampoco se puede asegurar la adecuada tramitación del proceso concursal de la empresa Ponsferrata, propiedad del imputado,«en un tiempo razonable", dado los«insuficientes medios" con los que cuenta el juzgado.
Asimismo, apunta a que la parte económica del proceso se está tramitando en el Juzgado de lo Mercantil de León, por lo que la recuperación del dinero por parte de las familias supuestamente estafadas dependerá del resultado de ese proceso.
Respecto a una posible destrucción de pruebas, añade que todas las pruebas documentales y testificales ya se han practicado, por lo que no existe riesgo de que el imputado las destruya. En relación con el riesgo de fuga, el juez recuerda que en julio de 2011 se le impuso al acusado una fianza de 200.000 euros para salir de prisión provisional, que no ha depositado. Por ello, considera que si tuviera los 200.000 euros, hubiera salido de prisión, y si el acusado no tiene el dinero y alguien se lo dejase, estaría en libertad sin tener en cuenta el riesgo de fuga.
El magistrado le impone al empresario la obligación de acudir todos los días al juzgado, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.