Los ecologistas siguen con el recurso contra el celador tras la retirada del fiscal
Los grupos ecologistas personados en la causa contra el celador de Los Ancares anunciaron ayer que continuarán adelante con el recurso contra la absolución del trabajador de los delitos de incendio e incendio continuado de los que se le acusaba, a pesar de que la Fiscalía haya decidido renunciar a la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León por entender que no tendría visos de prosperar.
«La sentencia no es justa», insistió el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica y coordinador de la campaña de recogida de fondos para financiar el recurso que Ecologistas en Acción presentará antes del martes en nombre de los cinco grupos, Emilio de la Calzada. «Vamos a continuar, por supuesto», confirmó a este periódico, un día después de que el fiscal jefe de Ponferrada, Jacinto Villalvilla, anunciara que el Ministerio Pública renuncia a recurrir por que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla como motivo para apelar el fallo de un procedimiento con jurado el «error en la valoración de la prueba» en el que considera que incurrieron los miembros del tribunal popular.
De la Calzada aseguró que la decisión de fiscal de renunciar al recursos «por cuestiones técnicas» resulta «desalentadora y chocante» porque el fiscal, que pedía cinco años de prisión para el celador también había mostrado su disconformidad con la sentencia absolutoria —tras la decisión del jurado de declararle no culpable por falta de pruebas— y confiaban en que siguiera adelante. «Nosotros pensamos que hay posibilidades de recurso», afirmó. La Junta de Castilla y León, personada como acusación popular, ya había asegurado a través de su consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, que iría «de la mano» del fiscal en el recurso, aunque formalmente aún no ha anunciado que renuncia.
Jurados e incendios
De la Calzada coincidió con el fiscal del caso en reclamar una cambio en la Ley del Jurado para que los delitos de incendio no queden en manos de tribunales populares como hasta ahora. «Lo tenemos absolutamente claro que no puede ser así», añadió el portavoz del grupo ecologista.