Denuncian por falso testimonio a los dos testigos del celador de Los Ancares

Llevaban semanas estudiando si abrían o no un nuevo proceso penal por el incendio que en 2011 calcinó 300 hectáreas en los montes de Campo del Agua y Porcarizas (Villafranca del Bierzo), en este caso contra los dos testigos principales que declararon en favor del celador de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares, y al final han decidido seguir adelante. La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y otros tres colectivos ecologistas han registrado en el Palacio de Justicia de Ponferrada una denuncia por falso testimonio contra la mujer que testificó en favor de Alberto G. G. —declarado no culpable de un delito de incendio forestal— y su yerno. Su objetivo es intentar que el caso se reabra y se revise, atendiendo a declaraciones que faltaron a la verdad. Algo que, no obstante, es bastante difícil, según reconoció el propio abogado de los colectivos ecologistas denunciantes, Simón López Quero.

Lo que sí es factible es que los ahora denunciados sean declarados culpables de un delito de falso testimonio, porque —aseguró López Quero— hay datos más que suficientes que lo prueban. Por ello —ahondó— «no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Es ya una cuestión moral ante la sensación de impunidad y de chulería que ha quedado tras las dos sentencias emitidas». Y es que el abogado que ha llevado una parte de la acusación en todo el proceso judicial contra Alberto G. G. sigue mostrándose contrario a los dictámenes tanto de la Audiencia Provincial de León como del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

«Acordamos presentar esta denuncia e intentar por una vía indirecta retomar el asunto del celador, porque los testimonios que esta señora y su yerno dieron en el Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada son rotundamente falsos», apuntó el letrado, explicando que «si hay una condena por falso testimonio en causa penal, se vería la posibilidad de dictar una revisión del proceso».

«Nos parece un disparate lo que ha ocurrido», insistió Simón López Quero, recordando que «por dos veces esta señora dijo que no conocía al celador y entonces la Guardia Civil presentó un informe con las llamadas de teléfono mantenidas entre ambos dos meses antes y dos meses después del incendio. No exagero si digo que habría 700 llamadas antes y otras 700 llamadas después del incendio».

Ni la principal testigo ni su yerno irían a la cárcel al carecer de antecedentes penales, pero que les condenaran sería una razón moral de peso para los colectivos ecologistas que han decidido retomar el proceso después de que nadie recurriera la sentencia en la que el TSJ confirmaba el auto de la Audiencia Provincial. Ambos favorables al celador de caza de la Reserva de Los Ancares.

La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica ha conseguido la financiación necesaria para abrir este nuevo proceso judicial a través del ‘crowdfunding’ (financiación colectiva). Son 3.000 euros que destinarán a pagar los costes y si sobrara algo lo invertirían en reforestar alguna de las zonas afectadas por el fuego.