El alcalde de Candín testificará por un presunto delito de coacción
Habrá juicio por el desalojo de la antigua gestora del cámping.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ponferrada ha abierto juicio y llamado a declarar en calidad de imputado al alcalde de Candín, el popular José Antonio Álvarez Cachón, por un presunto delito de coacciones contra la antigua gestora del cámping municipal, a la que supuestamente desahució de dichas instalaciones. Así lo expuso ayer el PSOE en una nota de prensa en la que además pidió al PP que aparte a Cachón de la Alcaldía y aclaró que la denuncia fue interpuesta en 2013.
Los hechos que se imputan al alcalde de Candín y por los cuales tendrá que declarar ante el juzgado se remontan a hace cuatro años, cuando el regidor tomó la decisión de desalojar del cámping municipal a la mujer que se encargaba de su gestión y para ello ordenó a Fenosa que cortase el suministro eléctrico en las instalaciones. Un corte temporal, dado que pasados unos meses se volvió a dar de alta el servicio, lo que demuestra —según el PSOE— que la única intención era desahuciar a la gestora del cámping con una maniobra «despótica y cruel».
El alcalde de Candín, por su parte, salió al paso ayer de tales acusaciones y aseguró que el Ayuntamiento al que representa y él mismo actuaron en todo momento conforme a la ley y así lo demuestran —dijo— cuatro informes jurídicos favorable emitidos por el Consejo Consultivo de Castilla y León, el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), la propia secretaria interventora del Ayuntamiento y un servicio jurídico externo.
«Hemos seguido escrupulosamente el procedimiento establecido. A parte, hay una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo que nos da la razón», defendió el regidor de Candín, asegurando que el desalojo del cámping fue ordenado una vez concluyó la vía contencioso administrativa y después de haber dado un plazo razonable para que la adjudicataria sacase del mismo sus pertenencias. Cachón explicó además que la anulación del contrato firmado entre la administración local y la gestora respondió a un incumplimiento contractual por el impago de la renta y a lo que el alcalde considera unas «cláusulas abusivas» recogidas en el contrato, por las cuales el Ayuntamiento tenía que correr con los gastos de la luz. Precisamente respecto al suministro eléctrico, el alcalde aclaró que la deuda alcanza los 30.000 euros.
El presidente provincial del PP, Eduardo Fernández, no dudó ayer en salir en defensa del regidor de Candín, recordándole a los socialistas que existe un recurso ante la Audiencia Provincial pidiendo el archivo del caso y que la actuación de Chacón fue para corregir «una cacicada», del anterior equipo de gobierno socialista.