Trabajadores de las piscinas del campus presentan recurso contra la liquidación
Avanzan, además, una «batería de acciones legales» contra la actuación de la junta liquidadora del consorcio .
Varios trabajadores de la plantilla que hasta hace unas semana trabajaba en las instalaciones deportivas del Campus de Ponferrada han presentado un recurso potestativo de reposición frente al acuerdo de disolución del consorcio entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la Universidad de León. Todo ello —afirmaron los recurrentes— «en base a que no ha sido sometido a información pública conforme a derecho. Por se ha interesado la anulabilidad de dicho acto».
«La inexistencia del balance de inventario de bienes y deudas y la falta de competencia por parte de la junta liquidadora, al encontrarse en esa fecha (29 de julio de 2015) en una actividad en funciones debido a la reciente celebración de elecciones municipales», fueron algunas de las irregularidades citadas ayer por los trabajadores para explicar la presentación de dicho recurso, afirmando además que los integrantes de la junta liquidadora —entre ellos el ex concejal de Deportes, Sergio Gallardo— «incumplieron una orden directa que la Alcaldía les hizo llegar mediante decreto, dando por ello lugar a la infracción del principio de jerarquía de las administraciones públicas, así como el principio de actuación a favor de los intereses generales».
Por estas y otras razones de menor peso, los trabajadores que han iniciado este nuevo proceso para tratar de reponer la situación en la que estaban hasta finales del mes de junio han presentado un recurso, manteniendo en la diana de los culpables a los miembros de la junta liquidadora y anunciando «una batería de acciones legales que se irán detallando progresivamente».
La intención del rector
Por su parte, el rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida, señaló ayer que la cesión de las instalaciones deportivas del Campus de Ponferrada al Ayuntamiento está pendiente de una reunión entre el equipo de gobierno municipal que dirige Gloria Fernández Merayo, el equipo de la institución académica y él mismo, según informó la agencia Ical.
Después de la disolución del consorcio Ayuntamiento-Universidad de León en cumplimiento de una orden dada por la Junta —recordó— las instalaciones deportivas pasaron a manos de la Universidad, que era el propietario legal y, en este punto, «estamos a la espera de un proyecto de cesión para que las disfrute la ciudad», aseguró el máximo responsable de la ULE, recordando que ese convenio ya está preparado pero el anterior equipo de gobierno no quiso formalizarlo. Mientras, se ha autorizado su uso al Club Deportivo Santa Marta, que ha solicitado el acceso a las mismas. Las piscinas cubiertas, por su parte, se mantienen cerradas al público.